El gobierno ha sorprendido al personal con su propuesta de retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación y aumentar de 15 a 20 años el período de cálculo para establecer la base reguladora de la pensión. Dos medidas que reducen los derechos actuales de los futuros pensionistas, y reducirán también las cuantías futuras de las mismas. Hablando claro, se propone que los futuros pensionistas, y nuestros hijos, trabajen durante más años y cobren menos cuando se jubilen.
La propuesta quiere revestirse de “rigor técnico”, pero no nos equivoquemos, estamos ante una “opción política e ideológica”. De entrada, es evidente la contradicción que supone afirmar una cosa y al mismo tiempo la contraria. Es contradictorio hablar de la “salud de hierro” de nuestro sistema público de pensiones (diez años consecutivos con importantes superávits, incluido el crítico 2009, Fondo de Reserva que alcanza los 65.000 millones de euros, etc.), y al propio tiempo afirmar que en los próximos diez o veinte años puede quebrar, y que por lo tanto hay que tomar este tipo de medidas. Pues eso, como mínimo, depende; para seguir fortaleciendo un modelo ya seguro y solvente, hay otras muchas medidas a tomar antes del recurso facilón de trabajar durante más años y luego cobrar menos.
La medida sorprende aún mas, cuando hace tan solo cinco meses, en septiembre del año pasado, se le llegó a proponer a la patronal española aceptar su propuesta de ¡rebajar cinco puntos la cotización a la seguridad social! a cambio de firmar el Acuerdo Social. Es de suponer que aquello se dijo sabiendo que existía margen para reducir ingresos sin poner en peligro el sistema ¿O no?
La comparecencia de la Ministra Elena Salgado ante los medios de comunicación el pasado viernes, recordando los viejos argumentos del profesor Barea, aquel famoso asesor económico de José María Aznar, resultó patética. No se puede echar mano de simplezas para asustar al personal, ni manipular obviedades a la hora de tratar una cuestión de tanto calado.
Lo único sensato es la apertura de un gran debate sobre las pensiones. Si, pero también sobre el modelo de protección social en nuestro país, que, no lo olvidemos, tiene a un 20% de su población en la pobreza, 4.300.000 parados, y unas pensiones de las mas bajas de la Unión Europea, a pesar de los esfuerzos realizados en estos últimos años. También una presión fiscal no solo notablemente inferior a la media europea, sino injustamente repartida.
Entrando en detalles concretos: Se argumenta por ejemplo que vivimos más años, y que por lo tanto la pensión se cobra también a lo largo de más años. Debemos tener en cuenta que la edad media real de jubilación está en 63 años, porque muchas personas se jubilan a partir de los 60, o se prejubilan antes porque los despiden. Es verdad que la expectativa de vida al nacer se sitúa en España (mayo 2008) en 79’92 años con carácter general, siendo para los hombres 76’6 años y para las mujeres 83’45, siete años de diferencia. Pero recordemos que esa “media estadística” es mas el resultado de menos muertes por enfermedades, guerras o accidentes, que por el aumento real (aunque también) de la expectativa de vida para una persona sana individualmente considerada. Recordemos igualmente que “las personas que están en la decila superior de renta en España viven diez años más que las que pertenecen a la decila inferior. Y ello se debe a que el nivel de salud es mucho mejor en el primero que en el segundo grupo. Las mujeres de la limpieza del Banco de España tienen a los 60 años el mismo nivel de salud que un gobernador de tal banco tiene a los 70. De ahí que pedirle a las clases populares que trabajen todavía dos años mas (algunos incluso piden cinco años mas) para pagar las pensiones de las personas de rentas superiores que vivirán muchos años más es una enorme injusticia” (“El falso problema de las pensiones”, por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, www.vnavarro.org)
SUSO MOSQUERA
domingo, 31 de enero de 2010
viernes, 22 de enero de 2010
SOBRE EL MAL LLAMADO “CEMENTERIO RADIACTIVO”
Está justo en plena tormenta el proceso de decisión de la ubicación del llamado Almacén Temporal Centralizado (TAC) de residuos radiactivos, previsto como solución para los próximos 70 ó 100 años, de los problemas derivados de los residuos de alta actividad procedentes de nuestras centrales nucleares (combustible gastado + restos de los desmantelamientos de las centrales clausuradas)
El debate, como casi siempre que se trata de la energía nuclear, se plantea más en términos filosóficos y metafísicos que en el análisis racional, de los datos reales.
Un primer dato, que no se puede olvidar, es que los residuos ya existen y que estamos obligados a dar una solución lo más segura posible, para las próximas generaciones. Otro dato incuestionable es que lo más seguro nunca será perfecto.
Los análisis técnicos, y las experiencias de otros países, indican, con poco espacio para las dudas, que la solución centralizada es mucho más segura que la dispersión en las 7 u 8 instalaciones, hoy existentes. Las experiencias habidas hasta la fecha aportan otros datos relevantes, uno, que los almacenes similares al proyectado en España no ha sufrido incidentes graves en las décadas en que cuentan su existencia.
Como estamos hablando de algunos residuos (aproximadamente el 1% del total de los residuos nucleares existentes) que si no se tratan adecuadamente van a ser peligrosos durante 10.000 años, conviene ser lo más racional posible en su manejo. La solución cuasi definitiva española apunta a la transmutación de los elementos radiactivos de alta actividad y larga vida, en otros de menor actividad y vida más corta, este proceso, para el que el CIEMAT español (Centro de Investigaciones Energética, Ambientales y Tecnológicas) tiene diseñado ya un reactor experimental, permitiría reducirlos al 1 por mil (a menos de un kg por tonelada) y por lo tanto a cantidades muy fácilmente manejables y mucho menos peligrosas.
El sentido común recomienda situar las instalaciones de transmutación al lado del TAC.
Por último, una pequeña reflexión respecto los incidentes nucleares graves, si restos de Chernóbil llegaron a las verduras del noreste de España, ¿no es mejor controlar los residuos propios (por otra parte es una obligación internacional) que los controlen otros y sufrir los incidentes de todas formas?
Enero de 2010
Fdo: Isidoro Gracia (DNI 7752400C)
El debate, como casi siempre que se trata de la energía nuclear, se plantea más en términos filosóficos y metafísicos que en el análisis racional, de los datos reales.
Un primer dato, que no se puede olvidar, es que los residuos ya existen y que estamos obligados a dar una solución lo más segura posible, para las próximas generaciones. Otro dato incuestionable es que lo más seguro nunca será perfecto.
Los análisis técnicos, y las experiencias de otros países, indican, con poco espacio para las dudas, que la solución centralizada es mucho más segura que la dispersión en las 7 u 8 instalaciones, hoy existentes. Las experiencias habidas hasta la fecha aportan otros datos relevantes, uno, que los almacenes similares al proyectado en España no ha sufrido incidentes graves en las décadas en que cuentan su existencia.
Como estamos hablando de algunos residuos (aproximadamente el 1% del total de los residuos nucleares existentes) que si no se tratan adecuadamente van a ser peligrosos durante 10.000 años, conviene ser lo más racional posible en su manejo. La solución cuasi definitiva española apunta a la transmutación de los elementos radiactivos de alta actividad y larga vida, en otros de menor actividad y vida más corta, este proceso, para el que el CIEMAT español (Centro de Investigaciones Energética, Ambientales y Tecnológicas) tiene diseñado ya un reactor experimental, permitiría reducirlos al 1 por mil (a menos de un kg por tonelada) y por lo tanto a cantidades muy fácilmente manejables y mucho menos peligrosas.
El sentido común recomienda situar las instalaciones de transmutación al lado del TAC.
Por último, una pequeña reflexión respecto los incidentes nucleares graves, si restos de Chernóbil llegaron a las verduras del noreste de España, ¿no es mejor controlar los residuos propios (por otra parte es una obligación internacional) que los controlen otros y sufrir los incidentes de todas formas?
Enero de 2010
Fdo: Isidoro Gracia (DNI 7752400C)
martes, 19 de enero de 2010
LIBERTAD DE PRENSA
Las libertades de opinión y expresión, el derecho a recibir información veraz y difundirla, así como a no ser molestado a causa de las propias opiniones, son cuestiones básicas, imprescindibles, sin las cuales ni la democracia ni las demás libertades son posibles. Así lo recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18, y la Constitución Española en su artículo 20.
Por ello, vaya también mi solidaridad y apoyo a los periodistas de la SER, Daniel Anido y Rodolfo Irago, víctimas de una condena que ha merecido desaprobaciones y críticas generalizadas. Vaya también mi rechazo a los recortes de las libertades de información y expresión en China y otros muchos países, y mi aplauso al Gobierno de España por la supresión de la publicidad en la CRTVE, evitando así la dependencia de los medios de comunicación públicos, de la publicidad privada.
Pero dicho esto, soy de los que me pregunto hasta que punto la libertad de prensa que proclamamos, en España, en Europa y en el mundo gobernado por el mercado liberal/capitalista, es real. Un mercado en el que la financiación de las televisiones, las radios y los periódicos privados, se financian con publicidad también mayoritariamente privada. Es decir que, quien controla esa publicidad, tiene la llave para el control de los medios de comunicación. Todo el mundo sabe que un periódico por ejemplo, es imposible que cubra gastos con el euro, o euro con veinte céntimos, por el que se vende. Con ese dinero tal vez ni se cubra el porcentaje del kiosquero ¿30%?, del distribuidor mayorista ¿15%?, y el transporte general desde los talleres de imprenta hasta las grandes áreas de distribución. El resto: papel, honorarios, salarios, instalaciones… se financian con publicidad. La televisión y la radio en mucha mayor medida.
A su vez, el mundo de la publicidad está controlado por algunos de los grandes medios de comunicación, y todos ellos, directa o indirectamente por las entidades financieras, por los Bancos. Y claro, siendo publicidad igual a recursos financieros ¿con que criterios y a beneficio de que intereses se asignan éstos recursos? ¿Puede ocurrir que un medio de comunicación crítico con el sistema establecido, o con los intereses de los grupos económicos dominantes, sufra represalias y se excluya de la asignación de publicidad? ¿Puede ocurrir que los grandes medios ya instalados impidan que prosperen nuevos medios alternativos? ¿Puede ocurrir que se excluyan de la publicidad hasta intentar ahogarlos a los medios proclives a la izquierda política o críticos con la derecha económica y política?
No solamente creo que puede ocurrir, sino que está pasando. Casos concretos los hay, y muchos, aunque tal vez no deba ser yo quien los mencione aquí. En el fondo, esta es otra forma de censura, tan eficaz o mas que la de los chinos, aunque menos estridente. Por eso pienso que la democracia y la libertad necesitan por lo menos en algunos sectores, un porcentaje de “lo público” igual al de “lo privado”.
SUSO MOSQUERA
Por ello, vaya también mi solidaridad y apoyo a los periodistas de la SER, Daniel Anido y Rodolfo Irago, víctimas de una condena que ha merecido desaprobaciones y críticas generalizadas. Vaya también mi rechazo a los recortes de las libertades de información y expresión en China y otros muchos países, y mi aplauso al Gobierno de España por la supresión de la publicidad en la CRTVE, evitando así la dependencia de los medios de comunicación públicos, de la publicidad privada.
Pero dicho esto, soy de los que me pregunto hasta que punto la libertad de prensa que proclamamos, en España, en Europa y en el mundo gobernado por el mercado liberal/capitalista, es real. Un mercado en el que la financiación de las televisiones, las radios y los periódicos privados, se financian con publicidad también mayoritariamente privada. Es decir que, quien controla esa publicidad, tiene la llave para el control de los medios de comunicación. Todo el mundo sabe que un periódico por ejemplo, es imposible que cubra gastos con el euro, o euro con veinte céntimos, por el que se vende. Con ese dinero tal vez ni se cubra el porcentaje del kiosquero ¿30%?, del distribuidor mayorista ¿15%?, y el transporte general desde los talleres de imprenta hasta las grandes áreas de distribución. El resto: papel, honorarios, salarios, instalaciones… se financian con publicidad. La televisión y la radio en mucha mayor medida.
A su vez, el mundo de la publicidad está controlado por algunos de los grandes medios de comunicación, y todos ellos, directa o indirectamente por las entidades financieras, por los Bancos. Y claro, siendo publicidad igual a recursos financieros ¿con que criterios y a beneficio de que intereses se asignan éstos recursos? ¿Puede ocurrir que un medio de comunicación crítico con el sistema establecido, o con los intereses de los grupos económicos dominantes, sufra represalias y se excluya de la asignación de publicidad? ¿Puede ocurrir que los grandes medios ya instalados impidan que prosperen nuevos medios alternativos? ¿Puede ocurrir que se excluyan de la publicidad hasta intentar ahogarlos a los medios proclives a la izquierda política o críticos con la derecha económica y política?
No solamente creo que puede ocurrir, sino que está pasando. Casos concretos los hay, y muchos, aunque tal vez no deba ser yo quien los mencione aquí. En el fondo, esta es otra forma de censura, tan eficaz o mas que la de los chinos, aunque menos estridente. Por eso pienso que la democracia y la libertad necesitan por lo menos en algunos sectores, un porcentaje de “lo público” igual al de “lo privado”.
SUSO MOSQUERA
viernes, 15 de enero de 2010
LA PARABOLA DE LOS NEUMÁTICOS Y LA REFORMA LABORAL
De todos es sabido que los neumáticos son, en un automóvil moderno, elementos indispensables para su buena marcha y seguridad. También de todos es sabido que es en el motor donde la potencia juega el papel más determinante de las prestaciones del conjunto del automóvil.
La economía globalizada del mundo de principios del siglo XXI, aparentaba ser una potente máquina, en la que la potencia del factor trabajo, aplicada al conjunto del sistema productivo, se aceleraba constantemente apoyada sobre unos aparentemente bien conservados neumáticos, inflados con el aire de un sistema financiero, que aumentaba su presión día a día.
Pero he aquí que uno de esos días algunas entidades financieras tanto y tanto inflaron, y no solo con aire, los neumáticos que estos reventaron, y la máquina quedó al límite de una parada irremediable.
Entonces llegaron los gobiernos y pidieron a sus ciudadanos aire nuevo y cubiertas nuevas o recauchutadas. Pasado el primer susto, lo lógico es que se revisara el sistema de inflado y los procedimientos para fijar la presión admisible, para que la velocidad de la máquina resulte la adecuada para el conjunto de la maquina, y para que todos sus elementos tengan el rendimiento que cada uno merece, así como el engrase y mantenimiento necesario para evitar problemas futuros.
Pero no, según los dirigentes financieros para salir del problema en que nos han metido sus prácticas de inflar los neumáticos, sin tener en cuenta ni la cantidad ni la calidad del aire, no es revisar y controlar esas prácticas, sino cambiar el software del calculador que establece las relaciones entre el combustible (trabajo) y el aire de combustión (inversión). Lo mismo que la legislación laboral establece la relación entre los distintos factores que permiten producir riqueza, mientras se mantienen los equilibrios necesarios.
Si los hacemos caso, además de otro reventón casi inevitable, el motor gripara y esa avería sí que puede ser irreparable.
Enero de 2009
Fdo. Isidoro Gracia (DNI 7752400C)
La economía globalizada del mundo de principios del siglo XXI, aparentaba ser una potente máquina, en la que la potencia del factor trabajo, aplicada al conjunto del sistema productivo, se aceleraba constantemente apoyada sobre unos aparentemente bien conservados neumáticos, inflados con el aire de un sistema financiero, que aumentaba su presión día a día.
Pero he aquí que uno de esos días algunas entidades financieras tanto y tanto inflaron, y no solo con aire, los neumáticos que estos reventaron, y la máquina quedó al límite de una parada irremediable.
Entonces llegaron los gobiernos y pidieron a sus ciudadanos aire nuevo y cubiertas nuevas o recauchutadas. Pasado el primer susto, lo lógico es que se revisara el sistema de inflado y los procedimientos para fijar la presión admisible, para que la velocidad de la máquina resulte la adecuada para el conjunto de la maquina, y para que todos sus elementos tengan el rendimiento que cada uno merece, así como el engrase y mantenimiento necesario para evitar problemas futuros.
Pero no, según los dirigentes financieros para salir del problema en que nos han metido sus prácticas de inflar los neumáticos, sin tener en cuenta ni la cantidad ni la calidad del aire, no es revisar y controlar esas prácticas, sino cambiar el software del calculador que establece las relaciones entre el combustible (trabajo) y el aire de combustión (inversión). Lo mismo que la legislación laboral establece la relación entre los distintos factores que permiten producir riqueza, mientras se mantienen los equilibrios necesarios.
Si los hacemos caso, además de otro reventón casi inevitable, el motor gripara y esa avería sí que puede ser irreparable.
Enero de 2009
Fdo. Isidoro Gracia (DNI 7752400C)
martes, 5 de enero de 2010
LEY DE CAJAS (4) ¿DERECHOS CON FECHA DE CADUCIDAD?
De la Ley sobre Cajas de Ahorro que hoy publica el Diario Oficial de Galicia, llama la atención la limitación a menores de 70 anos para poder ser miembros de la Asamblea General (160 miembros), o vocales del Consejo de Administración (25 miembros). En la exposición de motivos del texto legal nada se dice sobre el porqué de esta medida, aunque en los medios de comunicación se ha venido diciendo que obedece a la intención de obligar así al cese y posterior inelegibilidad del actual director de Caixanova, señor Gayoso. Si es así, nuestros legisladores no sólo han demostrado muy pocos escrúpulos con los derechos de las personas, sino también mucha mala fe, y una gran torpeza y falta de imaginación.
Por muy grande que parezca la causa que se pretende defender, en democracia no se puede legislar para suprimir a un competidor que discrepa, llevándose con ello por delante los derechos de decenas de miles de personas. Porque, ¿cuantos impositores e impositoras de Caixanova y Caixa Galicia tienen setenta o mas años? ¿Por qué a ellos se les suprime un derecho del que disfrutan todos los demás impositores? Es difícil encontrar razones convincentes cuando además, ése mismo Parlamento, en el año 2005, promovió y votó para Senador en representación de Galicia, al hasta entonces Presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne cuando contaba 83 años de edad, cargo que hoy, con 88 años, sigue desempeñando. Otro ex Presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, es en la actualidad, con 93 años, miembro del Consello Consultivo de Galicia, y en el año 1989, con 72 años fue candidato del Partido Popular siendo elegido Parlamentario Europeo, y reelegido en sucesivas convocatorias, abandonando su escaño con 82 años, después de diez en este cargo. Otro caso mas reciente, y muy llamativo, lo tenemos en Alberto Oliart, recientemente nombrado por el Parlamento de España, director de RTVE a la edad de 81 años.
Que sepamos, no hay límite de edad para ser elector e elegible como presidente de una comunidad de vecinos, un club de futbol, concejal, alcalde, Presidente de Diputación, Congresista, Senador, Ministro, Presidente del Gobierno, etc. salvo para ser miembro de la Asamblea General o del Consejo de Administración de las Cajas de Ahorro en Galicia. Un derecho que se le quita a los que cumplan 70 años, que podrán ser solo electores, pero no elegibles, sin que se les haya dado hasta ahora, ni a ellos ni al resto de ciudadanos, una mínima explicación.
Y claro, la pregunta es obligada: ¿Será constitucional esta medida? Se supone que los Servicios Jurídicos del Parlamento habrán estudiado el asunto, pero también es cierto que non son infalibles, y menos cuando están presionados políticamente. El Presidente Feijoo advierte al Gobierno español que si recurre esta Ley, habrá “un escenario de difícil entendimiento”, pero ¿Y si la medida es inconstitucional? ¿Además del gobierno quienes pueden recurrirla? ¿En que plazo?
SUSO MOSQUERA
Por muy grande que parezca la causa que se pretende defender, en democracia no se puede legislar para suprimir a un competidor que discrepa, llevándose con ello por delante los derechos de decenas de miles de personas. Porque, ¿cuantos impositores e impositoras de Caixanova y Caixa Galicia tienen setenta o mas años? ¿Por qué a ellos se les suprime un derecho del que disfrutan todos los demás impositores? Es difícil encontrar razones convincentes cuando además, ése mismo Parlamento, en el año 2005, promovió y votó para Senador en representación de Galicia, al hasta entonces Presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne cuando contaba 83 años de edad, cargo que hoy, con 88 años, sigue desempeñando. Otro ex Presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, es en la actualidad, con 93 años, miembro del Consello Consultivo de Galicia, y en el año 1989, con 72 años fue candidato del Partido Popular siendo elegido Parlamentario Europeo, y reelegido en sucesivas convocatorias, abandonando su escaño con 82 años, después de diez en este cargo. Otro caso mas reciente, y muy llamativo, lo tenemos en Alberto Oliart, recientemente nombrado por el Parlamento de España, director de RTVE a la edad de 81 años.
Que sepamos, no hay límite de edad para ser elector e elegible como presidente de una comunidad de vecinos, un club de futbol, concejal, alcalde, Presidente de Diputación, Congresista, Senador, Ministro, Presidente del Gobierno, etc. salvo para ser miembro de la Asamblea General o del Consejo de Administración de las Cajas de Ahorro en Galicia. Un derecho que se le quita a los que cumplan 70 años, que podrán ser solo electores, pero no elegibles, sin que se les haya dado hasta ahora, ni a ellos ni al resto de ciudadanos, una mínima explicación.
Y claro, la pregunta es obligada: ¿Será constitucional esta medida? Se supone que los Servicios Jurídicos del Parlamento habrán estudiado el asunto, pero también es cierto que non son infalibles, y menos cuando están presionados políticamente. El Presidente Feijoo advierte al Gobierno español que si recurre esta Ley, habrá “un escenario de difícil entendimiento”, pero ¿Y si la medida es inconstitucional? ¿Además del gobierno quienes pueden recurrirla? ¿En que plazo?
SUSO MOSQUERA
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