EL DERECHO DE HUELGA Y LOS SERVICIOS MINIMOS

Hay un viejo truco reiteradamente utilizado por las sucesivas administraciones y empresas públicas para cercenar el derecho de huelga, hasta el punto de hacerla fracasar por la vía administrativa. Consiste en imponer vía decreto unos servicios mínimos excesivos, muy excesivos, a sabiendas de que lo son, y hacerlo en vísperas de la propia huelga, de tal manera que cuando el recurso contra la medida arbitraria se admita primero y luego se resuelva judicialmente, la huelga ya habrá pasado, con la obligación de haber tenido que respetar aquellos servicios mínimos arbitrariamente impuestos, en virtud del principio de “primero cumplir lo ordenado y luego reclamar”. No hacerlo así, puede conllevar severos castigos para los trabajadores y sus organizaciones.
Los responsables políticos que actúan así están jugando con fuego, y no debieran olvidarlo. Hasta ahora los trabajadores han tenido que tragarse la milonga, pero acabará por no ser así. El último ejemplo de lo dicho lo estamos viendo con la huelga del Metro de Madrid, donde la Comunidad Autónoma Madrileña, impuso unos servicios mínimos ¡del 50%! La reacción de los trabajadores y de los sindicatos, escarmentados ya con el truquito de marras, adoptaron esta vez la drástica decisión de no respetar los servicios mínimos, a la vista de lo cual la empresa procedió al cierre absoluto del servicio. Por una vez, la huelga en el Metro de Madrid va a serlo de verdad.
Lo ocurrido exige una seria reflexión que, lamentablemente, dudo mucho que se produzca, porque estamos hablando de “un derecho de los trabajadores” y no corren buenos tiempos para los derechos de la clase obrera. Es muy probable que aquellos que abogan por “liberalizar y flexibilizar las relaciones laborales”, dejando que sean los mercados quienes las regulen, ahora sí pidan intervención de las autoridades gubernativas y policiales con “mano dura y severos controles” contra los huelguistas y sus organizaciones.
Está anunciada una huelga general en todo el país para el 29 de septiembre, y se ha dicho que la recién celebrada de los empleados públicos fue una primera prueba, un ensayo. Seguramente es verdad, pero mucho me temo que esta del Metro de Madrid es todo un síntoma de por donde pueden ir las cosas el 29 de septiembre. Ciertamente una de las claves de la huelga, está en los servicios mínimos, y si los expertos del Gobierno Central y los de las Comunidades Autónomas creen que recurriendo al mencionado truco y a la colaboración de los medios de comunicación pueden reducir la huelga a una simple polémica sobre el porcentaje de seguimiento, que se mantendrá en los medios un par de días para olvidarse pronto, tal vez cometan un grave error, producto de su ignorancia, incapacidad o simple mala fe. Lo malo es que los errores de estos torpes malintencionados los acabamos pagando todos, ¿también ellos?
SUSO MOSQUERA

¿SUBVENCIONES PARA EL DESPIDO IMPROCEDENTE?

A pesar de presumir continuamente de liberales y de valientes adalides del libre mercado, la afición del empresariado español a la subvención es infinita, incluso por parte de quienes, cínicamente, piden reducir o suprimir las prestaciones por desempleo.
Hasta ahora, se les venía subvencionando, muy generosamente por cierto, cuando contrataban personal perteneciente a colectivos con particulares dificultades de inserción en el mercado laboral por ejemplo, o cuando se trataba de convertir en fijos contratos temporales. La picaresca y el fraude han estado al orden del día, y los resultados globalmente considerados dejan mucho que desear. En materia de lucha contra la contratación en precario en concreto, el fracaso es estrepitoso a pesar de los miles de millones de euros recibidos “como estímulo” por los empresarios españoles a lo largo de los últimos años.
Pero con lo que no contábamos es que ahora, a las anteriores subvenciones se le sume la de bonificar también los despidos. La verdad es que parece el colmo del despropósito que con dinero público se subvencione, nada menos que con 8 días por año trabajado, todos y cada uno de los despidos que, por arbitrarios e improcedentes, el empresario deba indemnizar al trabajador o trabajadora por tratarse de una decisión injusta. ¿Cómo es posible que se estimulen de este modo los despidos improcedentes? ¿Cuánto va a costar “el estímulo” a las arcas públicas, aún que sea a través del Fondo de Garantía Salarial? ¿No suena todo esto a cinismo?
Conviene recordar que el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), se ha venido financiando hasta ahora con el 0’2% de la cotizaciones sociales de la empresa, y que se trata de un organismo que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para garantizar a los trabajadores la percepción de salarios, indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago por insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores del empresario. Ejemplo: Los trabajadores de “Viajes Marsans” la empresa del presidente de la CEOE a los que la empresa les deben los salarios e indemnizaciones, pero que no puede pagar por estar quebrada.
Pero claro, lo que ahora se plantea es algo muy distinto, pues se trata de subvencionar sin más, todos los despidos individuales improcedentes. Una cosa es disponer de fondos para cubrir riesgos de insolvencia a modo de un seguro público, y otra muy diferente, subvencionar sin más y de modo generalizado los despidos improcedentes llevados a cabo por los empresarios.
Con más de cuatro millones y medio de parados ¿es coherente subvencionar despidos? No se diga que es para crear empleo y estimular la contratación, porque hasta ahora ya se ha venido contratando y despidiendo libremente, a placer, por parte de los empresarios, con indemnizaciones ridículas y uso fraudulento e impune de las actuales modalidades de contratación, sobre todo el contrato de obra o servicio.
SUSO MOSQUERA

EL PAPEL DE LOS SINDICATOS HOY

Hay unas estrofas del himno gallego que vienen a explicar perfectamente la situación en la que se encuentran hoy los sindicatos, en plena crisis del modelo de sociedad europeo:
Os bos e xenerosos/a nosa voz entenden/…/mais sóo os iñorantes/e féridos (salvajes) e duros,/ imbéciles e escuros/non nos entenden, non.
A la actitud de arrimar el hombro para salir de la crisis, de luchar por mantener cobertura ampliada a los parados, por modernizar realmente el modelo productivo, oponiéndose a la vuelta, más o menos disimulada al darwinismo social, se la califica de venta al actual gobierno socialdemócrata, y se proponen medidas para debilitarlos y si es posible eliminarlos. Ya Margaret Thatcher y Reagan iniciaron la batalla y hoy en España la continua el PP y sus aliados, sin duda siguiendo instrucciones de los enemigos naturales de los trabajadores (véase quién es el patrón que tiene a sueldo a Aznar).
Como algunos trabajadores están cayendo en la trampa de creerse algunas falsedades, repetidas hasta la saciedad en los medios de comunicación (de los que el patrón de Aznar es el primer propietario mundial), intentando convertir en creíble lo falso, conviene recordar lo que la historia demuestra verdadero.
Si hoy hay límite a la jornada de trabajo es porqué los sindicatos se crearon y aún existen. Si hoy existen pensiones para todos, más o menos altas, es porqué los sindicatos las consiguieron y las defienden. Si la educación se hizo general y obligatoria es porque así la promovieron los sindicatos (recuérdese cual fue una de las actividades principales de las Casas del Pueblo). Y si alguna esperanza queda de que la sanidad no sea convertida en un mero negocio por los Aguirre, Feijoo y Camps, buena parte está en que existan sindicatos fuertes que defiendan la sanidad pública y universal.
Al ciudadano le conviene entender y creer más en los hechos históricos y menos en lo que la televisión, radio y prensa, propiedad de especuladores cuenta.
Junio de 2010
Fdo: Isidoro Gracia (DNI 7752400C)