lunes, 25 de octubre de 2010

SOBRE LA SUPUESTA AUSTERIDAD DE LOS PRESUPUESTOS DE LA XUNTA DE GALICIA

Se presume de presupuestos austeros y, con cierto regodeo, se anuncian recortes en los gastos sociales por parte de la Xunta de Galicia. Y digo que se presume porque se pregona y difunde el hecho como un mérito del Gobierno Gallego y de su Presidente, fruto de su supuesto rigor en el gasto en tiempos de crisis, a la par que como causa principal de estas medidas se señala al pérfido Gobierno de España actualmente en el poder.
Claro que mientras esto sucede llegan a nosotros informaciones preocupantes. Por ejemplo:

1) Mientras la Unión Europea y el Gobierno de España, retiran la recomendación de ayudas, y las propias ayudas al sector del automovil, señalando incluso que las llevadas a cabo en el 2009 y primer semestre de 2010, encarecieron indebidamente el costo de los automóviles, incrementaron indebidamente los beneficios de los fabricantes, y no ayudaron a resolver los problemas del sector, aquí en Galicia y a contracorriente de todos, la Xunta anuncia por su cuenta ayudas al sector por importe de 120 millones de euros, de los que 100 irán a parar a Citroen y a su red de proveedores. Dicen que ¡para compensar la subida del IVA! Pero, obviamente no puedo dejar de preguntarme si esto no tendrá algo que ver con el hecho de que el Presidente Feijoo, estando en la oposición recibió gratis durante varios años coches Citroen de alta gama para su uso personal o el de su partido. Otra cosa no puede explicarse para justificar una medida como esta, solo regional y por lo tanto inútil en un mercado tan abierto e internacionalizado como el del automovil.
2) Mientras se han reducido los sueldos de los empleados públicos, sigue vigente y sin siquiera rebajar su cuantía, aquél famoso “plus de altos cargos de la Xunta” consistente en 15.000 euros al año para el total de los 2000 altos cargos que desempeñaron sus funciones ¡desde 1981! es decir en los últimos 29 años. El privilegio alcanza a directores generales, subdirectores, delegados provinciales, secretarios de delegación, secretarios generales, personal de fundaciones, alto personal de consorcios administrativos,, directores gerentes, directores de gabinetes, personal de las oficinas en el exterior, Casa de Galicia en Madrid, directores de organismos autónomos, entidades de carácter público, TVG y Real Academia Galega (RAG), etc. Son nada menos que 30 millones de euros anuales para este plus vitalicio equivalente a dos millones y medio al año de las antiguas pesetas, candidad que supera el sueldo anual de muchos trabajadores y trabajadoras a jornada completa.
3) Mientras se anuncia la progresiva privatización de la sanidad pública gallega, se anuncia una inversión de 7 millones de euros en REGANOSA, se dice que para mantener “la galleguidad” de la empresa y evitar así que un “inversor extranjero” se pueda hacer con la misma. Por lo visto, el inversor que nadie conoce es nada menos que ¡australiano! Mientras esto ocurre, resulta que se retira de la empresa el capital privado gallego de entidades como Caixanova, Caixa Galicia, Banco Pastor y la propia ENDESA. ¿Defensa de la galleguidad o favor al grupo Tojeiro? Parece que contra viento y marea privatizamos la sanidad, lo que nadie desea, y gastamos el dinero público en salvar negocios privados de dudosa viabilidad, que nadie ha pedido, salvo sus propietarios.

Lo expuesto pone de manifiesto cuan relativo resulta para el actual Gobierno de la Xunta lo que dice sobre “el mercado”, “lo público” o “lo privado”. Más bien parece que lo uno o lo otro está en función de quienes sean en cada caso los amigos de los unos o de los otros. No es nada nuevo, sinó otra faceta mas de la “política clientelar” que sí parece la verdadera pauta de conducta de la Xunta de Galicia. Pregunta: ¿a cambio de nada? Evidentemente no. En realidad se trata siempre de negocio, la política como negocio.
Un sencillo cálculo de los gastos anteriores correspondientes a estos ejemplos recogidos de la prensa gallega nos aporta las siguietes cifras: Citroen y sector del automóvil 120 millones de euros; Plus de altos cargos, 30 millones, Reganosa 7 millones. Total 157 millones de euros, es decir 29.500 millones de las antiguas pesetas. ¿Austeridad para quien? ¿Quién paga la crisis?

SUSO MOSQUERA

martes, 12 de octubre de 2010

¿QUIENES SON LOS "100 ECONOMISTAS"?

Celebrada la huelga general, la campaña contra el sistema público de pensiones parece haberse reactivado con fuerza y gran despliegue de medios. Aunque aparezcan en escena diversos actores, los principales impulsores de esta campaña, que por otra parte no es nueva, son ni mas ni menos que los tan traídos y llevados “mercados”, es decir las entidades financieras, cosa lógica por otra parte pues serán los grandes beneficiarios de la reforma si esta se lleva a cabo. El Gobernador del Banco de España, El Presidente del Gobierno, algunos Ministros, los editoriales de muchos periódicos, los tertulianos, y ahora los llamados “100 economistas”, no están siendo mas que los voceros y muñidores ante los ciudadanos de los intereses y pretensiones de esos “mercados”.

Si tras la palabra “mercados” se enmascaran y ocultan las ambiciones, maniobras y en ocasiones malas artes de las grandes entidades financieras, también nos interesa saber quienes son esos “100 economistas” que emiten comunicados, hacen públicos análisis, previsiones, etc. sobre las pensiones, y por qué. Algún medio ha dicho que se trata de “profesionales independientes de altísimo nivel”, pero que sin embargo casi nadie conoce o sabe quienes son, cual es su actividad, de donde emana su prestigio.

Tengo entendido que se trata no de 100, sino de unos 70 profesionales entre ellos algunos profesores universitarios, dependientes o vinculados en su mayoría a los respectivos gabinetes de estudios de los principales bancos, cajas de ahorro, compañías privadas de seguros, y algunas grandes empresas. De modo que lo de los “100 economistas” es la etiqueta, el nombre adjudicado para lanzar un referente con el que poder influir mejor en la opinión pública en el debate sobre este asunto. Se trata pues de un montaje publicitario de las grandes entidades financieras otra vez, absolutamente desprestigiadas para hablar de cara, directamente y con un mínimo de credibilidad en lo referente a este tema.

Contra lo sucedido en otras ocasiones en las que la información del colectivo solía ser totalmente impersonal al referirse a “un estudio”, o atribuirse las declaraciones del colectivo a “un portavoz del grupo”, días atrás sí compareció un portavoz oficial, Pablo Vázquez, Director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FADEA). Y claro, la pregunta es obligada ¿Quiénes son los de FADEA? Pues en su Patronato figuran los más, o de los más altos dirigentes de algunos bancos como los siguientes: Banco de Sabadell, Banco Popular, Banesto, Banco Santander, BBVA, Banco de España, y la Bolsa de Madrid. También Cajas de Ahorro como La Caixa y Caja Madrid, entidades como la Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés), o empresas como Iberdrola y Abengoa, entre otras. Creo que sobran más comentarios.

Por supuesto que lo que expresen estos estudios y opinen estas personas y entidades es todo muy respetable, pero debe llegar a la opinión pública conociendo el origen impulsor de los mismos, y evitando creernos una supuesta “opinión independiente y mayoritaria al respecto”, mas aún cuando la mayoría de los medios de comunicación del país, muy condicionados cuando no dependientes directos o indirectos de las entidades financieras mencionadas, omiten -salvo contadas excepciones- publicar informes de otros profesionales cuando menos tanto o mas prestigiosos, pero discrepantes por completo de lo que afirman estos “expertos”.

SUSO MOSQUERA

jueves, 7 de octubre de 2010

EL DECRETO SOBRE EL CARBON NACIONAL. Las cosas más claras.

No ha pasado mucho tiempo para conocer los verdaderos motivos de los ataques al carbón nacional, no al decreto, sino al carbón y a la minería españoles. Me preguntaba en una reflexión anterior si todo el ruido que se estaba produciendo en Galicia era para defender los intereses de los ciudadanos gallegos.
Demostraba que ni los precios del combustible importado subían con la medida, ni los precios percibidos por los operadores bajaban, y dejaba claro que el problema estaba en que las ganancias obtenidas, para las horas de funcionamiento autorizadas para cada central, no les parecían suficientes.,
Los recursos presentados por los servicios jurídicos de Endesa, Iberdrola y Gas Natural, despejan las dudas, ellos consideran que los problemas del Decreto son dos: Permite que otros les hagan la competencia por lo que ellos (eufemísticamente lo achacan al mercado) no pueden subir sus precios todo lo que desean. Y además el Gobierno tiene la osadía de hacer uso de lo que la Ley le permite: fijar procedimientos para promover el consumo de fuentes autóctonas de energía, en defensa de la seguridad del suministro y de las garantías a los consumidores
En un sector en el nunca ha existido libertad de empresa, entre otras cosas porque ellos actúan como oligopolio (desde siempre y sin excepción) aseguran que es la Administración quien la limita. Consideran que la defensa de la seguridad nacional, de las garantías a los consumidores, e incluso de la soberanía nacional debe estar supeditada a una libertad de mercado, que en el tema energía es inexistente. La falta de libertad de mercado tiene mucho que ver con las formas de actuación de las multinacionales que operan en el sector.
Supongo que la Xunta, ahora que tiene claro que los intereses de los ciudadanos van en dirección no coincidente con la de los operadores de Puentes y Meirama, se pondrá del lado de los ciudadanos, aunque tenga que coincidir con el Gobierno de España.
Octubre de 2010.
Fdo: Isidoro Gracia (DNI 7752400C)

FUNDAMENTALISMO NEOLIBERAL

Cual si de un ministro o vicepresidente del gobierno se tratase, el Gobernador del Banco de España ha vuelto a comparecer una vez más para leer ante las cámaras diversos párrafos del ya viejo informe encargado en su día al servicio de estudios del banco sobre las pensiones. Vuelve así a la carga con su ofensiva para ampliar la edad de jubilación a 67 años, y aumentar el número de los 15 actuales para calcular la base reguladora de las futuras pensiones, de manera tal que se produzca una rebaja substancial de sus cuantías. Dice además que el objetivo de la reducción del déficit en los presupuestos generales del estado (por supuesto, casi únicamente a través de rebajar el gasto) es nada menos que SAGRADO. Dice también que hay que suprimir de los convenios colectivos la cláusula de revisión salarial cuando el IPC supere las previsiones sobre las que se pactó el salario, y por si todo falla (mala cosa este temor) pide al Gobierno un “Plan B”.
Mientras lanza sus proclamas y profecías de quiebra del sistema en pocos años si no se llevan a cabo con rapidez las medidas que recomienda, no hay inconveniente en PREJUBILAR A PARTIR DE LOS 55 AÑOS a muchos miles de empleados de banca como consecuencia de las fusiones y reestructuraciones del sector de las Cajas de Ahorro que también viene impulsando con denuedo el señor Gobernador.
Por lo visto, en Galicia serán 1.200 los prejubilados, pero en el resto de España otras varias decenas de miles mas, ¿No es acaso una descomunal incoherencia e insolidaridad volver a meter la mano en la Caja de la Seguridad Social para reestructurar a su costa las plantillas de las nuevas Cajas? ¿Acaso la financiación, presente y futura de la Seguridad Social no requiere renunciar a este tipo de prácticas? ¿Cómo es que para unos se pide la jubilación a los 67, pero luego se jubila a otros a los 55 años?
Además, en este sector de las Cajas se vuelve a recurrir a las prejubilaciones, después de una prolongada práctica de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas a consecuencia entre otras cosas de las múltiples y sucesivas fusiones habidas a lo largo de los últimos años. Todo para ofrecer un sector saneado a los futuros inversores privados, tanto nacionales como extranjeros (multinacionales evidentemente), a los que se ofrece el incentivo adicional de una reforma laboral que a partir de ahora posibilitará despidos mucho más rápidos, fáciles y baratos, evitando así las “engorrosas y caras negociaciones con los representantes sindicales”.
¿Acaso se olvida que ha sido con dinero de la Seguridad Social, de las Pensiones y del FOGASA con el que se financiaron una gran parte de las reconversiones industriales y cierres de empresas llevadas a cabo en época todavía reciente?
Lástima que el señor Gobernador no haya hablado de poner coto a los sueldos exorbitantes y extraordinarias prebendas de las cúpulas bancarias, cajas de ahorro incluidas; ni de procurar más ingresos a través de una reforma fiscal adecuada a la crisis, ni de cómo combatir el vergonzoso fraude fiscal, ni de cómo reformar las SICAV, ni de la economía sumergida o de los paraísos fiscales, etc.
No me extraña que el propio Gobernador pida un “Plan B” por si todo el diseño actual que impusieron los “mercados” falla, lo que por desgracia, puede ser lo más probable. Los platos rotos los pagarán una vez más los trabajadores si, pero ¡ojo! los acabará pagando también todo el país y muy pronto, pues no hay prosperidad posible sin el bienestar de las clases trabajadoras.
Por eso, personajes como el Gobernador del Banco de España y otros que como él, comparecen cargados de solemnidad y aparato mediático, lejos de estar llevando a cabo una gran obra de estado (como dicen y tal vez se crean) que supuestamente sentará las bases de un grande y prospero futuro para el país, estén de nuevo cavando una fosa de la que tardaremos muchas décadas en salir. Que no se engañen, ellos no son los actores de una gran gesta de estado ni mucho menos, sino más bien pobres actores de opereta, tragicómicos protagonistas de una obra cuyo guión han escrito otros poderes a la espalda y contra los intereses de los trabajadores y de la mayoría del pueblo español.

SUSO MOSQUERA.
7 de octubre de 2010

lunes, 4 de octubre de 2010

EL DECRETO SOBRE EL CARBON NACIONAL. Algunas cosas claras.

Se está produciendo una verdadera campaña de ataque, sin tregua, contra el Decreto que regula las ayudas para que el carbón nacional garantice, hasta el 2014, hasta el 9% de la energía primaría necesaria para el parque eléctrico español. Este ataque tiene especial intensidad en Galicia. Los atacantes repiten una y otra vez que el Decreto pone en peligro miles de puestos de trabajo y ataca la base de la economía gallega. Incluso se anuncian recursos jurídicos, por parte de la Xunta, ¿para defender los intereses de los ciudadanos gallegos?, para obtener la respuesta analicemos la realidad.
Los precios del combustible que utilizan Puentes y Meirama (carbón importado) ¿van a subir con esa decisión?, respuesta: NO. Al contrario mientras se mantengan suministros de carbón europeo, aún cuando sea subvencionado, los precios de resto del mundo tenderán a moderarse.
Los precios que percibirán los operadores de esas centrales ¿disminuirán?, respuesta: NO. Basta comprobar la trayectoria de precios de los últimos meses para ver en qué dirección se mueven.
En número de horas de funcionamiento de esas centrales, necesario para un plazo razonable de amortización de las inversiones, ¿está garantizado?, respuesta; SI. Cierto es que, si los operadores de esas centrales consiguen eliminar la competencia, los Megavatios procedentes de las centrales de generación con carbón nacional, podrán subir los precios de los propios, repercutiendo en el precio que paga el consumidor final, y muy probablemente aumentaran las horas de funcionamiento anual, permitiéndoles un retorno rápido de sus inversiones.
Puedo entender que los trabajadores, sus organizaciones y pequeños municipios se asusten, ya que su información está condicionada, puedo entender que los medios de comunicación se hagan eco de sus reacciones. Entiendo menos que la Administración, que dispone de medios para conocer los datos reales, se oponga a que los ciudadanos españoles tengan las mejores garantías de suministro.
Si los operadores (Multinacionales) quieren aumentar sus beneficios y para ello se oponen al Decreto, que utilicen sus departamentos jurídicos, los de la Xunta están para defender a los ciudadanos.
Octubre de 2010.
Fdo: Isidoro Gracia ( DNI 7752400C)