Fusionadas las cajas de ahorro y reducido su número a la mitad para hacerlo todo más fácil y manejable. Saneadas con dinero público que el Gobierno ha tenido que pedir prestado a “los mercados”, quedando a merced de sus maniobras especuladoras. Despedidos 10.000 trabajadores y trabajadoras del sector con indemnizaciones superiores a los 40 días por año y prejubilaciones a partir de los 55 años, cuando al propio tiempo entra en vigor una reforma laboral para despedir más fácil y barato, y se pretende ampliar a 67 años la edad de jubilación y reducir drásticamente la cuantía de las pensiones futuras. Cuando en muchas importantes empresas ya no se negocian subidas de salarios sino rebajas a cambio de mantener los puestos de trabajo. Cuando los altos directivos de esas Cajas así fusionadas y reestructuradas, siguen en sus puestos cobrando retribuciones de escándalo, cuando han demostrado su ineptitud y mala gestión.
Cuando se ha hecho todo eso, ahora se procede a privatizarlas y convertirlas en bancos por la vía de urgencia, en menos de ocho meses. La pregunta es ¿Quién va a invertir en las saneadas y reestructuradas cajas españolas? Pues o el Gobierno (provisionalmente) con mas dinero prestado, o mas probablemente lo harán los mismos “mercados” que han venido especulando y forrándose a costa de la deuda española. Esos “mercados” tras los que se oculta la gran banca internacional, sus intermediarios financieros y sus grandes compañías aseguradoras. Ellos son los que llevan camino de quedarse con las cajas de ahorro españolas incluida la gallega, y de paso también con sus participaciones en miles de importantes empresas de todos los tamaños y en todos los sectores.
En realidad ¡Nos están esquilmando! El país entero se está empobreciendo, perdiendo su patrimonio, y colocando al servicio del capital internacional, un territorio, unos recursos y un ejército de parados y de mano de obra barata y fácil de despedir, a la que se quiere seguir rebajando sus derechos.
¿Afirmaciones inciertas? ¿Exageradas? ¡Ojala!
SUSO MOSQUERA
25/01/2011
martes, 25 de enero de 2011
viernes, 21 de enero de 2011
¿QUIEN TEME AL PACTO GLOBAL?
Por lo visto una mentira interesada, trasladada a los medios de comunicación por alguien suficientemente solvente como para ser publicada con grandes titulares y amplios comentarios en todas las tertulias de radio y televisión, amenaza las negociaciones en marcha entre el Gobierno, los sindicatos y la CEOE para un “Pacto Global” contra la crisis, al que se pretende sumar también al Partido Popular y a los demás partidos con representación parlamentaria.
Fue publicado y se dio como cosa cierta, aunque sin mencionar nunca quien lo había dicho, que los sindicatos estaban dispuestos a ceder en el tema de la jubilación a los 67 años, a cambio de retrasar el cierre de la central nuclear de Garoña. La respuesta sindical fue rápida y contundente. Candido Méndez calificó de “falsa y grotesca la pretensión de cambiar neutrones por pensiones”. Ignacio Fernández Toxo señaló que “estas cosas no suceden por casualidad y alguien en el ámbito del Gobierno está trabajando para impedir un acuerdo”. También el Ministro de Trabajo negó categóricamente que tal hecho se hubiese producido.
El tema es muy grave, y va mucho mas allá de la anécdota en la que se mueven y de la que no parecen saber salir nuestros queridos tertulianos y algunos avezados periodistas. Por cierto, sería clarificador analizar qué medios fueron los que primero dieron la información del caso, y cuales los que le concedieron mas importancia, tiempo y espacio.
Esta burda mentira interesada y su posterior difusión, si pone de manifiesto una evidencia: Alguien (importante) no desea ese “Pacto Global”, que de llegar a producirse tendría muy notables consecuencias para ganar solvencia como país frente a la crisis y los mercados, pero también para el panorama político de España, y quien sabe si también en el interior del propio partido socialista y su devenir a lo largo de unos próximos meses que van a modelar el futuro político de esta década.
Parece evidente que a los sectores mas reaccionarios del Partido Popular por aquello del “cuanto peor mejor” este pacto no les hace gracia. Pero es cierto también que le evitaría muchos problemas si, como dicen las encuestas, llega al poder el año que viene. Tampoco le haría daño sino más bien todo lo contrario, en las elecciones municipales y autonómicas que se avecinan. En cualquier caso la filtración no parece tener su origen en al Partido Popular. Es más Toxo se refiere claramente a “alguien en el ámbito del Gobierno”.
Es cierto que hay poderosos sectores económicos nunca ajenos a la política, a los que la negociación del “Pacto Global” irrita, no solo porque puedan ver en ello un intento de “volver a las andadas del diálogo social”, sino porque saben que toda negociación para un acuerdo supone concesiones, y ahora mismo el Gobierno y su Presidente habían cedido ya a sus exigencias de reformas estructurales muy favorables a sus pretensiones e intereses en materia de mercado laboral y sistema de pensiones, con buenas expectativas también en lo referente a la reforma de la negociación colectiva, y al propio papel de los sindicatos en la economía del país y de las empresas.
De no existir acuerdo, el Gobierno tendrá que actuar con rapidez, y podrá hacerlo sin concesiones previas, con las manos libres para seguir tomando medidas en la línea de lo ya anunciado por el propio Presidente, y demandado por “los mercados”, Bruselas, y entre otros, también por ese colectivo de grandes empresarios y banqueros (por lo visto suponen el 40% del PIB del país) que el pasado mes de noviembre, al margen de la CEOE, de los Partidos Políticos y del Parlamento, presentaron primero al Rey y luego al Presidente el documento titulado “Transforma España”.
La tesis de escuchar sí, pero Gobernar sin concesiones a las demandas de los sindicatos no es nueva, y de hecho ha sido aceptada y proclamada ahora por el propio Presidente Zapatero. Personas como el Gobernador del Banco de España por ejemplo han vuelto a insistir en la urgencia de tomar las medidas anunciadas sin más dilaciones. Es seguro que en los ámbitos económicos próximos al Gobierno son algunos más, y también influyentes, los que comparten la opinión del Gobernador.
SUSO MOSQUERA
21/01/2011
Fue publicado y se dio como cosa cierta, aunque sin mencionar nunca quien lo había dicho, que los sindicatos estaban dispuestos a ceder en el tema de la jubilación a los 67 años, a cambio de retrasar el cierre de la central nuclear de Garoña. La respuesta sindical fue rápida y contundente. Candido Méndez calificó de “falsa y grotesca la pretensión de cambiar neutrones por pensiones”. Ignacio Fernández Toxo señaló que “estas cosas no suceden por casualidad y alguien en el ámbito del Gobierno está trabajando para impedir un acuerdo”. También el Ministro de Trabajo negó categóricamente que tal hecho se hubiese producido.
El tema es muy grave, y va mucho mas allá de la anécdota en la que se mueven y de la que no parecen saber salir nuestros queridos tertulianos y algunos avezados periodistas. Por cierto, sería clarificador analizar qué medios fueron los que primero dieron la información del caso, y cuales los que le concedieron mas importancia, tiempo y espacio.
Esta burda mentira interesada y su posterior difusión, si pone de manifiesto una evidencia: Alguien (importante) no desea ese “Pacto Global”, que de llegar a producirse tendría muy notables consecuencias para ganar solvencia como país frente a la crisis y los mercados, pero también para el panorama político de España, y quien sabe si también en el interior del propio partido socialista y su devenir a lo largo de unos próximos meses que van a modelar el futuro político de esta década.
Parece evidente que a los sectores mas reaccionarios del Partido Popular por aquello del “cuanto peor mejor” este pacto no les hace gracia. Pero es cierto también que le evitaría muchos problemas si, como dicen las encuestas, llega al poder el año que viene. Tampoco le haría daño sino más bien todo lo contrario, en las elecciones municipales y autonómicas que se avecinan. En cualquier caso la filtración no parece tener su origen en al Partido Popular. Es más Toxo se refiere claramente a “alguien en el ámbito del Gobierno”.
Es cierto que hay poderosos sectores económicos nunca ajenos a la política, a los que la negociación del “Pacto Global” irrita, no solo porque puedan ver en ello un intento de “volver a las andadas del diálogo social”, sino porque saben que toda negociación para un acuerdo supone concesiones, y ahora mismo el Gobierno y su Presidente habían cedido ya a sus exigencias de reformas estructurales muy favorables a sus pretensiones e intereses en materia de mercado laboral y sistema de pensiones, con buenas expectativas también en lo referente a la reforma de la negociación colectiva, y al propio papel de los sindicatos en la economía del país y de las empresas.
De no existir acuerdo, el Gobierno tendrá que actuar con rapidez, y podrá hacerlo sin concesiones previas, con las manos libres para seguir tomando medidas en la línea de lo ya anunciado por el propio Presidente, y demandado por “los mercados”, Bruselas, y entre otros, también por ese colectivo de grandes empresarios y banqueros (por lo visto suponen el 40% del PIB del país) que el pasado mes de noviembre, al margen de la CEOE, de los Partidos Políticos y del Parlamento, presentaron primero al Rey y luego al Presidente el documento titulado “Transforma España”.
La tesis de escuchar sí, pero Gobernar sin concesiones a las demandas de los sindicatos no es nueva, y de hecho ha sido aceptada y proclamada ahora por el propio Presidente Zapatero. Personas como el Gobernador del Banco de España por ejemplo han vuelto a insistir en la urgencia de tomar las medidas anunciadas sin más dilaciones. Es seguro que en los ámbitos económicos próximos al Gobierno son algunos más, y también influyentes, los que comparten la opinión del Gobernador.
SUSO MOSQUERA
21/01/2011
martes, 18 de enero de 2011
SINDICALISMO Y CONSTITUCION
Con motivo de la huelga general del pasado 29 de septiembre, los ataques en forma de insultos y falsedades contra los sindicatos de clase y sus dirigentes, profusamente difundidos por voceros y medios de comunicación de la derecha española, evidenciaron que estamos lejos de respetar el modelo de convivencia democrática que propugna la Constitución que antes denostaron y ahora tanto invocan como si hubieran sido sus impulsores.
Es bueno recordar que la vigente Constitución Española en su Título Preliminar, después de afirmar que la soberanía reside en el pueblo, da proclamar la unidad de la nación española y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, de señalar como lengua oficial al castellano y también a las demás lenguas españolas, de referirse a la bandera de España y las de las Comunidades Autónomas, de fijar en la villa de Madrid la capital del Estado, se refiere a los partidos políticos (art. 6), a los sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7) y las fuerzas armadas (art. 8) como instituciones básicas de nuestra democracia. Finaliza el Título Preliminar proclamando que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, el respeto a la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos y sus garantías jurídicas.
De manera que los sindicatos y las asociaciones empresariales son piezas básicas de nuestro sistema democrático, lo que exige el debido respeto social e institucional a esta condición, al propio tiempo que confiere a sus dirigentes una gran responsabilidad, por lo que representan y por las funciones que están llamados a desempeñar. Cosa distinta es que lo hagan con acierto o no, lo cual, ciertamente, es asunto que nos afecta a todos ante el que no cabe indiferencia.
Estos últimos años han sido difíciles para los trabajadores y para las empresas, y por lo tanto para el país, y para las organizaciones sindicales y empresariales. Errores en la gestión económica y política -algunos que vienen de lejos- y sobre todo la especulación y el acoso financiero y político de “los mercados”, pusieron a prueba al Gobierno Español y también a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Para muchos, el comportamiento del hasta hace poco Presidente de la Confederación de Empresarios estuvo muy lejos del “sentido de estado y responsabilidad empresarial” necesario en una coyuntura tan difícil como la que venimos sufriendo.
Cuando se invocan reformas para salir de la crisis, y de nuevo se retoman negociaciones y algunos reverdecen demandas y campañas interesadas, conviene recordar que es la propia Constitución la que también proclama: los derechos de reunión, de asociación y de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como el derecho de los trabajadores a sindicarse libremente y el derecho de huelga en defensa de sus intereses. También el derecho al trabajo y el deber de trabajar, y el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Igualmente, el derecho a la negociación colectiva laboral y a la fuerza vinculante de los convenios.
La Constitución también establece en su artículo 40 que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”. En su artículo 41 se refiere a la Seguridad Social señalando que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes”.
Los mercados intentan imponer sus normas, pero los políticos y los Gobiernos -y más aún en tiempos de crisis- están obligados a tener en cuenta el artículo 128 de la Constitución que dice “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Estos y otros aspectos de la Constitución son tan obvios y evidentes como ignorados y no tenidos en cuenta, por eso conviene que los recordemos y se los exijamos a nuestros gobernantes. Es inaudito que unos pocos provoquen y causen la crisis, y luego muchos otros tengan que pagar las consecuencias de algo de lo que no tienen culpa. Y lo que es peor aún: Que nuestros representantes políticos no defiendan ese interés general frente a los privilegios de algunos, y que algunos “expertos a sueldo de los poderosos” difundan sus estudios interesados, anunciando grandes males y asustando a las clases trabajadoras si no se pliegan a sus exigencias presentadas bajo la formula de reformas que favorecen a los causantes de la crisis, y perjudican aún más a los que ya sufren sus consecuencias.
Y siendo todo esto muy grave, más preocupante resulta si cabe el comportamiento y la actitud de muchos trabajadores con respecto a los sindicatos cuando reproducen y hacen suyas las campañas antisindicales que promueve la derecha económica y política. Los problemas de la clase trabajadora, hoy como siempre, no tienen solución con el solo esfuerzo individual, y menos aún debilitando a las organizaciones obreras. Por el contrario es necesaria más que nunca, la asociación, la sindicación y la participación. ¿Qué los sindicatos tienen fallos y cometen errores? Por supuesto. Pero son las organizaciones naturales de la clase trabajadora, son sus instrumentos de defensa, lucha y reivindicación. La participación ayudará a hacerlos mejores y mas eficaces. Si un representante sindical lo hace mal, se cambia. Si un sindicato no responde a lo que necesitamos, hay otros, y si tampoco nos satisfacen, incluso podemos asociarnos para crear otro, todo menos dar la espalda al sindicalismo.
SUSO MOSQUERA
17/01/2011
Es bueno recordar que la vigente Constitución Española en su Título Preliminar, después de afirmar que la soberanía reside en el pueblo, da proclamar la unidad de la nación española y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, de señalar como lengua oficial al castellano y también a las demás lenguas españolas, de referirse a la bandera de España y las de las Comunidades Autónomas, de fijar en la villa de Madrid la capital del Estado, se refiere a los partidos políticos (art. 6), a los sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7) y las fuerzas armadas (art. 8) como instituciones básicas de nuestra democracia. Finaliza el Título Preliminar proclamando que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, el respeto a la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos y sus garantías jurídicas.
De manera que los sindicatos y las asociaciones empresariales son piezas básicas de nuestro sistema democrático, lo que exige el debido respeto social e institucional a esta condición, al propio tiempo que confiere a sus dirigentes una gran responsabilidad, por lo que representan y por las funciones que están llamados a desempeñar. Cosa distinta es que lo hagan con acierto o no, lo cual, ciertamente, es asunto que nos afecta a todos ante el que no cabe indiferencia.
Estos últimos años han sido difíciles para los trabajadores y para las empresas, y por lo tanto para el país, y para las organizaciones sindicales y empresariales. Errores en la gestión económica y política -algunos que vienen de lejos- y sobre todo la especulación y el acoso financiero y político de “los mercados”, pusieron a prueba al Gobierno Español y también a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Para muchos, el comportamiento del hasta hace poco Presidente de la Confederación de Empresarios estuvo muy lejos del “sentido de estado y responsabilidad empresarial” necesario en una coyuntura tan difícil como la que venimos sufriendo.
Cuando se invocan reformas para salir de la crisis, y de nuevo se retoman negociaciones y algunos reverdecen demandas y campañas interesadas, conviene recordar que es la propia Constitución la que también proclama: los derechos de reunión, de asociación y de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como el derecho de los trabajadores a sindicarse libremente y el derecho de huelga en defensa de sus intereses. También el derecho al trabajo y el deber de trabajar, y el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Igualmente, el derecho a la negociación colectiva laboral y a la fuerza vinculante de los convenios.
La Constitución también establece en su artículo 40 que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”. En su artículo 41 se refiere a la Seguridad Social señalando que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes”.
Los mercados intentan imponer sus normas, pero los políticos y los Gobiernos -y más aún en tiempos de crisis- están obligados a tener en cuenta el artículo 128 de la Constitución que dice “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Estos y otros aspectos de la Constitución son tan obvios y evidentes como ignorados y no tenidos en cuenta, por eso conviene que los recordemos y se los exijamos a nuestros gobernantes. Es inaudito que unos pocos provoquen y causen la crisis, y luego muchos otros tengan que pagar las consecuencias de algo de lo que no tienen culpa. Y lo que es peor aún: Que nuestros representantes políticos no defiendan ese interés general frente a los privilegios de algunos, y que algunos “expertos a sueldo de los poderosos” difundan sus estudios interesados, anunciando grandes males y asustando a las clases trabajadoras si no se pliegan a sus exigencias presentadas bajo la formula de reformas que favorecen a los causantes de la crisis, y perjudican aún más a los que ya sufren sus consecuencias.
Y siendo todo esto muy grave, más preocupante resulta si cabe el comportamiento y la actitud de muchos trabajadores con respecto a los sindicatos cuando reproducen y hacen suyas las campañas antisindicales que promueve la derecha económica y política. Los problemas de la clase trabajadora, hoy como siempre, no tienen solución con el solo esfuerzo individual, y menos aún debilitando a las organizaciones obreras. Por el contrario es necesaria más que nunca, la asociación, la sindicación y la participación. ¿Qué los sindicatos tienen fallos y cometen errores? Por supuesto. Pero son las organizaciones naturales de la clase trabajadora, son sus instrumentos de defensa, lucha y reivindicación. La participación ayudará a hacerlos mejores y mas eficaces. Si un representante sindical lo hace mal, se cambia. Si un sindicato no responde a lo que necesitamos, hay otros, y si tampoco nos satisfacen, incluso podemos asociarnos para crear otro, todo menos dar la espalda al sindicalismo.
SUSO MOSQUERA
17/01/2011
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