Mucho me temo que el descomunal
escándalo de los casos Gurtel y Bárcenas, y cuanto se oculta tras ellos, está
llamado a sepultarse en la falta de pruebas, la prescripción del delito, las
demoras provocadas y finalmente la impunidad y el olvido, como tantas otras
atrocidades y escándalos de la derecha española. Todo ello con la colaboración
imprescindible de dos sectores que el Partido Popular ha procurado tener de su
mano recurriendo sin escrúpulos a los más variados métodos: El sector judicial
y los medios de comunicación.
Fue José Luís Peñas, un exconcejal
del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda quien en noviembre
de 2007 presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con el
empresario Francisco Correa y sus hombres de confianza. El caso afectaba a
ayuntamientos y comunidades autónomas como la de Madrid, Valencia y Galicia. No
sería hasta el 6 febrero de 2009 cuando se iniciase la investigación judicial.
El caso fué instruido inicialmente por el entonces Juez de la Audiencia Nacional ,
Baltasar Garzón, quien imputa a 37 altos cargos del Partido Popular y manda a
prisión a tres de los detenidos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine
Sánchez. Se les acusa de blanqueo de capitales, tráfico de influencias,
defraudación y cohecho. La prensa
relaciona al Presidente de la Comunidad Valenciana , Francisco Camps, con la
trama.
El 25 de febrero, a los diecinueve días de iniciada la
investigación, el Partido Popular presenta una querella contra el Juez Garzón
por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al
eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al Senador y Tesorero del PP, Luís
Bárcenas. Le seguirían otros hasta llegar a los más de 80 imputados en la
actualidad, entre los que figuran concejales, ex alcaldes, ex senadores, ex
diputados, y ex consejeros autonómicos.
Hasta el momento, y van allá mas
de cuatro años desde que la
Justicia inicio las investigaciones, el único condenado ha
sido el propio Juez Garzón, que el PP consiguió ver expulsado de la carrera
judicial en febrero de 2012. Sería sustituido en el caso por un joven juez, sin
historia ni trayectoria profesional destacada hasta entonces, Pablo Ruz. Los
Tribunales de Madrid y de Valencia se ocuparían de los casos originados en esas
comunidades, con actuaciones cuando menos polémicas.
En febrero de 2013 Izquierda Unida
junto con otras cuatro asociaciones, ejerciendo la acusación popular, presentan
una querella contra los ex tesoreros del Partido Popular Luís Bárcenas y Álvaro
Lapuerta, los ex dirigentes del partido Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Federico
Trillo y Pablo Crespo, y ocho destacados empresarios en su calidad de altos
directivos de las empresas: “Grupo
Sando”, “Azvi S.A.” “Grupo OHL, S.A.”, “Sacyr Vallehermoso S.A.”, “Constructora
Hispánica S.A.”, “Aldesa Construcciones, S.A.”, “Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A.”, y “Construcciones Rubau, S.A.”, sin perjuicio de ampliar la querella
contra las personas jurídicas que a lo largo de la instrucción se acredite su
implicación en los actos ilícitos denunciados, que son nada menos que diez:
asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas,
receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de
influencias, delitos contra la audiencia pública, fraude y exacciones fiscales,
encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales.
La querella, dirigida al “Juzgado
Central de Instrucción que por turno de reparto le corresponda” fue admitida a
trámite por el titular del número 3, el Juez Gómez Bermúdez quien de inmediato
citó a declarar a los imputados. Sin embargo, el Juez Ruz pide ser él quien
lleve la instrucción del caso, algo que tras pública disputa entre ambos
jueces, resuelve a su favor la Audiencia Nacional.
Las declaraciones de los imputados
se suceden, y el 27 de junio el juez Ruz decreta el ingreso en prisión de Luís
Barcenas, y posteriormente el embargo de sus bienes. A partir de ahí se
producen varios hechos relevantes.
El director de El Mundo publica una entrevista
con Luís Bárcenas, realizada pocas horas antes de entrar en prisión en la que
el ex tesorero detalla el sistema de financiación ilegal del PP a lo largo de
los últimos 20 años. Alfonso Trallero y Miguel Bajo, los hasta entonces
abogados defensores de Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, pagados por el Partido Popular, abandonan su
defensa alegando “cambio de estrategia y falta de confianza”. El diario El Mundo
sustituye a El País como informador privilegiado del caso y supuesto
destinatario de las filtraciones interesadas del ex tesorero. Particular
relevancia adquieren los textos de los correos electrónicos cruzados entre
Bárcenas y Rajoy. El ex juez y ahora abogado Javier Gomez de Liaño asume la
defensa de Barcenas, y a su vez, su mujer, la también abogada María Dolores
Márquez de Prado, asume la defensa de la esposa de Barcenas, Rosalía Iglesias.
El escándalo crece. Tras la
amenaza de un voto de censura y por la gran repercusión del caso en los medios
internacionales, el 1 de agosto, coincidiendo con el inicio del período
vacacional, el Presidente Rajoy comparece en el Congreso para responder de las
graves acusaciones contra el y su partido. De nuevo lo niega todo, y dice que
se equivocó. Todas las encuestas de opinión publicadas en los días siguientes
coinciden en afirmar que hasta un 78% los ciudadanos entrevistados creen a
Bárcenas y no a Rajoy.
Durante el resto del mes de agosto
y el mes de septiembre, el Gobierno, el Partido Popular y el poderoso aparato
mediático a su servicio, se esfuerzan en hacer olvidar el caso, poniendo en
circulación nuevos temas para la polémica: Se inicia la campaña para anunciar
que la crisis ha terminado, Gibraltar, Madrid 2020, los Eres de Andalucía, la Liga de Futbol y los grandes
fichajes del Madrid y del Barcelona, y
ahora el duelo Cataluña-España / Mas-Rajoy o viceversa, entre otros. Por el
medio de todo ello sigue asomando el escándalo: El partido popular ha destruido
pruebas importantes, tal vez definitivas: los discos duros de los ordenadores
de Bárcenas, las agendas de Bárcenas, y el libro de visitas en la sede central
del partido en Madrid. El Juez Bermúdez
critica a Ruz por no haberse incautado de estas pruebas en vez de pedirlas con
retraso al propio partido acusado.
Así las cosas, llama la atención
el hecho de quienes son los protagonistas que tienen en sus manos ahora mismo
el desenlace de este asunto:
En el ámbito Judicial
El Juez Ruz, que sustituyó a Garzón
tras la expulsión de este de la carrera judicial por ordenar grabar
conversaciones de los encarcelados por la Gurtel y sus abogados, y que recientemente
también ganó ante el Tribunal Supremo la disputa con el Juez Gómez Bermúdez
para instruir el caso Barcenas, está en Comisión de Servicio en el Juzgado
Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.
Debiera ser substituido a finales de septiembre por el titular de este juzgado
el Juez Miguel Carmona Ruano, de 66 años de edad y en la actualidad vocal del
CGPJ.
Ante el posible retorno de Carmona
al Juzgado nº 5, el órgano de gobierno de los Jueces decide nombrar a Ruz “Juez
de Refuerzo” para posibilitar que pueda seguir con la instrucción del caso
Bárcenas y Gurtel, una decisión que Carmona cuestiona pues se toma sin
consultarle y antes de que él regrese al Juzgado del que es titular. Sin
embargo, pocos días mas tarde, y por sorpresa, el Juez Carmona solicita y es
nombrado candidato español para una plaza en la Sala de Apelación del Tribunal Internacional de
la antigua Yugoeslavia, que al obtenerla, permitirá a Ruz seguir en funciones
al frente del Juzgado n º 5 de la
Audiencia , hasta que Carmona regrese.
Los promotores de la llamada
“querella Bárcenas” expresaron su temor ante la posibilidad de que “algunas
maniobras judiciales” puedieran provocar “la nulidad del caso” como sucedió con
el caso Naseiro. Se busca que el Juez Carmona nunca llegue a poner sus manos
sobre estos delicados sumarios que tanto temen en el PP. “Si el Juez Carmona
coge el caso Bárcenas, desmonta el partido” han llegado a decir desde la
familia popular.
¿Por qué Ruz? Sabido es que todos
los jueces de la Audiencia
tienen su plaza en propiedad. Es una garantía de independencia porque, para
echarlos, habría que montar una operación similar a la de Garzón. Todos, menos
el Juez Ruz, que está en la
Audiencia como sustituto, y no tiene méritos suficientes en
el escalafón -que se decide por antigüedad- no ya para estar como titular en la Audiencia Nacional ,
es que ni siquiera le corresponde un juzgado en Madrid, que son los mas
solicitados. Su plaza antes estaba en Collado – Villalba, y recientemente ha
conseguido una nueva en Móstoles, que es lo mas cercano a Madrid y a lo que
puede aspirar con sus apenas diez años de carrera judicial. Obviamente las
condiciones económicas son muy distintas entre un Juez de la Audiencia Nacional
y otro con plaza en Collado – Villalba.
Las ventajas para el Gobierno de que la Gurtel – Bárcenas esté en
manos de un juez cuyo futuro laboral mas cercano depende de lo que decida el
CGPJ son bastante obvias. Si Pablo Ruz se pusiese gallito y, por ejemplo,
ordenase un registro en la sede del PP, sabría que se estaria jugando su
inestable posición en la
Audiencia.
Por ahora Ruz no ha dado ni un
solo paso en la instrucción del caso Barcenas, que no esté avalado antes por la Fiscalía , que depende
orgánicamente del Gobierno. La entrada en prisión de Bárcenas no se produjo
hasta que el fiscal se lo pidió. Cuando la acusación de la Gurtel pidió sumar los papeles de Bárcenas a la
investigación, dijo no, pero cambió de opinión cuando la querella de IU le tocó
por reparto a Gómez Bermúdez y fué admitida a trámite. Solo ante la posibilidad
de que este Juez investigase la financiación del PP, la fiscalía pidió a Ruz
que judicializase el caso.
Ruz se ha negado a investigar el
tráfico de llamadas y mensajes de Luís Barcenas, considerando que una medida
así “vulnera la intimidad” del ex tesorero, a pesar de que existen pruebas de
que Bárcenas podría haber sido presionado por el Gobierno para desmentir sus
papeles, lo que sería un grave delito. El propio Bárcenas lo confesó así ante
el Juez asegurando que había sido coaccionado. Sin embargo la única
investigación sobre las comunicaciones que ordenó Ruz fué la de las filtraciones
en Twiter de lo que estaba ocurriendo en
el interrogatorio de Barcenas.
Que Ruz considere mas grave una
filtración en Twiter que un presunto delito
de obstrucción a la justicia, su seguidismo de la Fiscalía y su precariedad
laboral explican bastante bien por que el CGPJ, en manos del PP, lo prefiere al
frente de esta delicadísima investigación.
Mariano Rajoy, el Gobierno y el
PP:
“Hacemos lo que podemos” lo decía
Mariano Rajoy a Luís Bárcenas por SMS sobre su proceso judicial. En eso están.
Haciendo todo lo que pueden para controlar por ahora el incendio de la Gurtel. Hasta ahora
las maniobras judiciales no le han ido mal. Presionaron para apartar a Garzón
de la Gurtel y
de la carrera judicial y lo lograron. Volvieron a presionar para que el juez
Pedreira desimputase a su ex tesorero Bárcenas y también lo lograron, aunque
luego su decisión seria revocada. Se movieron para que el juez Gómez Bermúdez
no se quedase con la investigación de su contabilidad B (incluso Rajoy
telefoneo al presidente del Supremo para pedirle su intervención) y también lo
consiguieron. A través de la
Fiscalía promovieron el encarcelamiento de Bárcenas en cuanto este cambió de estrategia y decidió
hablar claro, y también lo consiguieron, lleva en prisión y sin poder hacer
declaraciones desde el 27 de junio.
Con el caso Gurtel las maniobras
dilatorias han sido también de auténtico escándalo. Valiéndose de haber sido
aceptado hasta hace muy poco como “acusación particular”, el propio PP tuvo
fácil el acceso al sumario, el seguimiento de todas las actuaciones judiciales,
y la posibilidad de promover no solo dilaciones y retrasos, sino propiciar en
su día las actuaciones contra el propio Garzón.
Por la Gurtel , y por otros casos
como el del Yak 42 por ejemplo, se cuidaron mucho de no aceptar renovación
alguna de los órganos judiciales durante el mandato de Zapatero. Contra viento
y marea, y hasta con escándalo, se negaron a cubrir las vacantes y a renovar el
Tribunal Supremo, el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial
hasta que no consiguieron mayoría política que les asegurase a su vez cómodas
mayorías de magistrados afines en dichos órganos. Un ejemplo clamoroso lo es el
del Presidente del Tribunal Constitucional, militante del PP que ocultó su
condición cuando fue propuesto para el cargo. De hecho, el Ex Ministro de
Justicia con el gobierno de Aznar, Federico Trillo, se ocupó directamente de las “relaciones
judiciales del partido” hasta que en noviembre del 2011, volvieron a ganar las
elecciones.
Con las espaldas cubiertas en el
ámbito judicial, los comportamientos políticos pueden ser mas audaces,
descarados y cínicos: “No tengo nada que decir y me atengo a lo que resuelva la Justicia ”, lo que sirve
de magnífica coartada para no dar explicaciones, proporcionar argumentos a la
prensa amiga, a los tertulianos sometidos a control, y mantener la imprescindible
cohesión interna en el propio partido y entre los imputados, “la omerta”.
La sobrada mayoría parlamentaria
les permite controlar por completo el Parlamento y el Senado, de manera que ni
comparecencias, ni comisiones de investigación, ¿Que no es democrático? Si lo
es dicen, porque tenemos la mayoría. Es obvio suponer que se están controlando
los tiempos, y el desenlace que se busca y en el que se viene trabajando, y que
se producirá en el momento en que suponga el menor coste para el Partido Popular
y sus imputados.
La “Oposición” política es muy
débil.
La mayoría absoluta del Partido
Popular apenas deja margen de maniobra. El PSOE, afectado por “la herencia
recibida”, y por casos como los “eres” de Andalucía, su división interna, su
caída en las encuestas, y su falta de liderazgo, no asusta a nadie, y ya se
sabe, si la izquierda no consigue siquiera asustar a la derecha, entonces el
problema en política es muy grave. Su estrategia, sus denuncias y su actividad
ante el caso, está muy lejos de mantener la fuerza que debiera y merece una situación
de este calibre. Tal vez un mal interpretado “sentido de Estado”, o un mal
entendido concepto de “partido de gobierno”, lo limita en exceso. Únicamente la
negativa de Rajoy a comparecer en el Parlamento por sus mentiras en el Caso
Barcenas, ha movido las cosas, pero es evidente que el Caso Gurtel es mucho más.
Los sindicatos, y los mayoritarios
más, están muy tocados. No solo por todo lo relacionado con los “eres” de
Andalucía, sino porque la reforma laboral unida a la de la negociación
colectiva, y a los recortes de todo tipo a que están siendo sometidos, está
limitando muy gravemente su capacidad. Bastante hacen con defenderse ante la
ofensiva brutal de una derecha económica que busca su desaparición, con el
aplauso y apoyo del actual Gobierno de España.
Izquierda Unida, pese a lo
acertado por la querella sobre el Caso Bárcenas y algunas otras iniciativas,
parece sumida en la conformación de una nueva alternativa que aglutine a todas
las fuerzas progresistas y a la izquierda del PSOE, consciente de que tal vez
esté en juego el futuro de un tiempo nuevo para la izquierda y para el país. El
escándalo de lo que está pasando le favorece electoralmente, y ahora mismo, no
parece la fuerza de la que dependan soluciones al menos a corto plazo. Tal vez
piensen, no sin razón, que su momento no ha llegado aún. Tampoco este aspecto
parece preocupar al PP hasta el punto de llegar a obligarle a poner freno a sus
planes sobre Gurtel y Bárcenas. A pesar de la crisis interna que padece, el
Gobierno y los populares parecen seguir viendo la principal y real amenaza a su
poder en el PSOE.
Policías e Inspectores de Hacienda
En rueda de prensa celebrada el 15
de julio conjuntamente con el Primer Ministro polaco afirmó Mariano Rajoy en
referencia al caso Bárcenas que “ni se ha producido, ni se está produciendo ni
se va a producir ningún tipo de indicación, sugerencia o presión ni a la Administración de Justicia,
ni a la
Administración Tributaria , ni a la Policía Judicial
ni a ningún otro escalón administrativo que tenga que ver con este proceso”,
para añadir que “la mejor prueba” de ello es que tanto los fiscales, como los
jueces o policías que llevan este caso
“son los mismos” que lo llevaban antes de que el PP ganara las elecciones. No
es verdad. La presión sobre la Administración de Justicia ha sido continúa, la
fiscalía ha cambiado, y los policías encargados de las investigaciones
relacionadas con los casos Gurtel y Bárcanas, cesados. Incluso algunos de los
recién nombrados volverían a ser cesados muy poco tiempo después. También en la Administración Tributaria
se llevaron a cabo cambios relevantes.
En efecto, el 18 de octubre se
hacía pública la desactivación de los equipos de investigación de los grandes
escándalos de corrupción. Fue cesado el Comisario General de la Policía Judicial ,
José García Losada, y su equipo de colaboradores, de quien dependía la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF), y responsable de las investigaciones sobre la trama
Gurtel y el caso Bárcenas. También fue cesado el Comisario Enrique Rodríguez
Ulla, tras iniciar una investigación sobre el ático de lujo en Marbella del
Presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González.
Cambios muy llamativos
relacionados con estos casos se han ido produciendo también en el Ministerio de
Hacienda y en la ONIF
(Oficina Nacional de la
Investigación del Fraude), siendo destituido el responsable
de la investigación de la red de corrupción liderada por Francisco Correa, y
también los cinco jefes de equipo, todos ellos
inspectores de Hacienda. En 18 meses el Ministro Montoro lleva relevados
a 310 responsables de la
Agencia Tributaria.
Ni el Ministerio de Hacienda ni la Inspección de Trabajo
han abierto tampoco investigación alguna sobre el despido simulado del tesorero
de Luís Bárcenas, ni el pago “en diferido” de sus salarios.
En el Parlamento, tanto el PSOE
como Izquierda Unida y UPyD han pedido que el Ministro del Interior comparezca
y explique el cese del Comisario José García Losada, y el hecho mismo de que en
menos de dos años de mandato, se haya nombrado un tercer responsable de la Comisaría General
de la Policía
Judicial. Petición de comparecencia vana pues la mayoría del
Partido Popular solo la permitirá si le conviene y no es el caso.
Los medios de comunicación
Según el último informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, a lo
largo de los últimos cinco años, la crisis se ha llevado por delante cerca de
200 medios de comunicación y se han destruido
6.393 puestos de trabajo de profesionales de la información. Entre los
periódicos desaparecidos cabe destacar los diarios PÚBLICO, ADN, Xornal de
Galicia y Galicia Hoxe, y los semanarios A Nosa Terra y A Peneira. En cuanto a
diarios digitales la edición digital de ADN, la de Xornal de Galicia y Vieiros.
En televisiones destacan CNN + y la cadena Localia vinculadas ambas al grupo
Prisa.
La comunicación privada en España
(periódicos, revistas, radio, TV, libros, incluso premios literarios) está en
manos de una docena de grupos, del que Prisa es el principal. Le siguen Vocento
(resultado de la fusión del Grupo Correo y Prensa Española); Unidad Editorial /
Recoletos; El Grupo Cope; El Grupo Planeta; Imagina Media Audiovisual (fruto de
la fusión de Globomedia y Mediapro); El Grupo Godó; El Grupo Zeta; El Grupo
Moll – Prensa Ibérica; Grupo Joly, y Hachette Filipacchi, la filial española de
Lagardere Active. A ello cabe añadir algunos otros grupos menores en ámbitos
autonómicos como es el caso del Grupo Voz
en Galicia, y claro está los de ámbito local.
Sumense a lo expuesto los medios
de comunicación públicos, Televisión Española, Radio Nacional y las radios y televisiones autonómicas, en un
porcentaje altísimo, sobre todo medido en términos de audiencia, en manos de
Gobiernos del Partido Popular, o nacionalistas catalanes o vascos. Añádase
también Internet señalando que los blogs y diarios digitales de los grupos
privados y públicos mencionados copan a su vez este medio.
Pienso que con razón se ha calificado
de “cuarto poder” a los medios de comunicación, prensa, radio TV y ahora internet. Después del legislativo,
del ejecutivo y del judicial, los medios de comunicación son el otro gran
poder, quien sabe incluso si en ocasiones superior a los anteriores. Pues bien,
para el caso que nos ocupa, el Gobierno y el Partido Popular, parecen sentirse
tranquilos en cuanto a la posibilidad de
una política informativa agresiva y excesivamente peligrosa para sus intereses por
parte de los medios de comunicación españoles. Es más, en lugar de crítica lo que están recibiendo
es apoyo, un gran apoyo. Se habla de los casos Gurtel y Bárcenas si, pero para
repetir una y otra vez lo que de ellos dice el Gobierno o el Partido Popular.
Es obvio que la derecha económica
y política controla sin problemas el poder legislativo (amplia mayoría
absoluta), el ejecutivo (gobierno monocolor), el Judicial (Vía Fiscalía, y
mayoría afín en el CGPJ, el Tribunal Supremo y el Constitucional), y también el
“cuarto poder” los medios de comunicación. Los brotes de información crítica y
no controlada han sido asfixiados, y los profesionales que los dirigían
condenados a buscarse la vida en internet o a participar, casi como comparsas,
en las tertulias que promueven y controlan los grandes grupos mediáticos
públicos y privados. Con independencia de la crisis, que también cuenta claro,
los mecanismos de control son conocidos: Ayudas y subvenciones directas por
parte de los poderes públicos, créditos, y sobre todo acceso a la publicidad,
que controlan las grandes empresas, que a su vez controlan los bancos.
Neutralizado el intento de
Mediapro de crear un polo informativo progresista y de izquierda a través del
diario PÚBLICO y de la Sexta ,
y fallidas las posteriores negociaciones de este grupo con Prisa, queda
prácticamente solo este grupo con El País y la Cadena Ser como casi
único y teórico referente de una información independiente y crítica con el
poder, ya sea este el político o el económico.
La reestructuración financiera,
organizativa y estratégica del Grupo Prisa, además de la pérdida de numerosos
puestos de trabajo y el despido de prestigiosos profesionales, ha supuesto la
entrada en su capital de la compañía estadounidense Phoenix Group (Liberty),
que controla el 57,7% de los derechos de voto, frente al 34,56% que conserva la
familia Polanco. El resto se lo reparten diversos accionistas minoritarios
entre los que están el banco alemán Deutsche Bank (3,27%) y el estadounidense
Bank of América (3,03%). La reestructuración del grupo trajo consigo el cierre
de CNN+ y Localia, y un acuerdo con Mediaset (controlada por Berlusconia) para la fusión de Telecinco y Cuatro, lo que
supuso a su vez la entrada del Grupo Prisa en el capital de Mediaset (18 %), y
de Mediaset en Canal Plus (22 %). La temática, y toda la política informativa
del grupo se ha visto afectada.
Es justo reconocer el
destacadísimo papel desempeñado por El Pais y la Cadena Ser , en la denuncia
y divulgación de los pormenores del Caso Gurtel, y luego también del Caso
Bárcenas. Pero es inevitable preguntarnos: ¿Periodismo de investigación o
filtraciones interesadas por parte de quien controla los tiempos de unos hechos
tan graves que afectan a la misma médula de todo el sistema y sus instituciones?
¿Exageraciones infundadas? Lamentablemente no.
Mientras el Partido Popular pagó a
los abogados Migel Bajo y Alfonso Trallero la defensa de su ex tesorero y ex
senador Luís Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias, y la estrategia de su
defensa se basó en negar cualquier irregularidad contable por parte del Partido
Popular negando incluso la autenticidad de los llamados “papeles de Bárcenas”, el diario “El País”
fue el destinatario de las filtraciones periodísticas, llevando todo el
protagonismo informativo. Cuando Bárcenas estaba a punto de entrar en prisión
y decidió cambiar su estrategia de
defensa, pasando a acusar abiertamente
al PP de doble contabilidad durante mas de veinte años, el Partido Popular dejó
de pagarle a los abogados Bajo y Trallero y estos abandonaron la defensa,
alegando “falta de confianza”.
Barcenas concede una larga
entrevista en exclusiva a Pedro J. Ramírez, en la que lo dice todo:
financiación irregular del partido popular, importantes donaciones económicas de
empresas a cambio de favores, doble contabilidad, pagos en negro, connivencia
de la cúpula dirigente del partido con las prácticas ilegales, etc. Un dato
curioso: la entrevista fue realizada antes de la entrada en prisión de Bárcenas,
pero publicada poco después de su ingreso en la cárcel. A partir de aquí el
diario que recibirá las filtraciones interesadas y por lo tanto la capacidad de
grandes titulares, dejará de ser El País, y pasará a serlo El Mundo.
El grupo Planeta, es hoy uno de
los grandes grupos mediáticos españoles pues entre otros muchos medios, es el propietario de los canales de
TV Antena 3 y La Sexta ,
del diario La Razón
y de la cadena de radio Onda Cero. La Razón es un periódico que se
caracteriza por la defensa a ultranza de Mariano Rajoy, su Gobierno y el
Partido Popular; su director, Francisco Marhuenda es un participante asiduo en
numerosas tertulias televisivas, en las que da muestra continua de su cerrada y
casi irracional defensa del Gobierno y del Partido Popular, en todo, pero
particularmente en lo relacionado con
los casos Gurtel y Bárcenas.. Aún perteneciendo al mismo grupo, La Sexta en cambio es un canal
de televisión que muchos califican como “de lo poco que aún se puede ver”. En
sus informativos tienen mejor acogida las cuestiones que suscita la oposición o
los colectivos sociales, y no se oculta
lo que puede molestar al Gobierno. De entre sus programas, cabe resaltar dos:
1) El programa satírico “El Intermedio” que presenta y dirige el “Gran Wyoming”
muy crítico con el Gobierno y con el Partido Popular, y de notable éxito entre
los sectores sociales descontentos con las políticas del Gobierno, y 2) El
programa “Al Rojo Vivo” que presenta y dirige el periodista Antonio García
Ferrreras, que aborda la actualidad económica y política, y en el que junto a
otros tertulianos asiduos de los medios minoritarios que controla la derecha
mas extrema, son protagonistas destacados periodistas como Francisco Marhuenda,
director de La Razón ,
y Eduardo Inda, director adjunto de El Mundo.
Resumiendo:
Con Bárcenas en la cárcel para que
no pueda hablar. Destruidas descaradamente algunas de las principales pruebas
que implicaban al Partido Popular, quien sabe si merced a retrasos y
negligencias del propio juez instructor y de la fiscalía ¿quienes tienen ahora
en sus manos la solución y el tratamiento de los casos Gurtel y Bárcenas?
–
Pablo Ruz, el Juez que el Partido Popular y el
CGPJ han preferido a otros.
–
El Fiscal General del Estado, nombrado por el
Gobierno, y que tantas pruebas lleva dado no de independencia sino de fidelidad
a quien lo nombró.
–
El Director General de la Policía , Ignacio Cosidó
(Ex Senador, Ex Diputado y portavoz de interior del Partido Popular en el
Congreso, y miembro del Comité Ejecutivo del PP en Castilla León) que
recientemente ha cesado a 10 de los 13 altos mandos policiales que venían
dirigiendo las investigaciones sobre corrupción y en concreto lo relacionado
con los casos Gurtel y Bárcenas.
–
Los actuales defensores de Bárcenas y de su
mujer, los abogados Javier Gómez de Liaño y su esposa María Dolores Márquez de
Prado. Conviene recordar que Gómez de Liaño fue condenado en 1997 por
prevaricación por sus actuaciones contra el Grupo Prisa y expulsado de la
carrera judicial, siendo indultado en el año
2000 por el Gobierno de José María Aznar.
–
El diario El Mundo, actualmente destinatario
exclusivo de las filtraciones interesadas que sobre el caso han realizado
Barcenas y sus abogados. En radio y TV es el grupo Planeta quien trata y
difunde las exclusivas a través de Antena 3 y Onda Cero.
No hay duda pues de que el Partido
Popular en el Gobierno, con amplia mayoría en el Congreso y en el Senado, con
una Administración de Justicia mayoritariamente afín, y un panorama mediático
controlado y con una oposición debilitada, está en situación de forzar una
salida favorable a sus intereses en los casos Gurtel y Bárcenas, y es seguro
que lo hará. Lo que no sabemos por ahora
es como ni cuando. ¿Que de llevarse esto a cabo será un fraude, una estafa, e incluso
un escándalo? Sí, sin duda, uno más, pero nada que no puedan remediar con una
adecuada campaña mediática. Al menos eso es lo que parecen creer.
Xesús Mosquera Sueiro / 28 de
octubre de 2013
