martes, 31 de diciembre de 2013

No hay razón

... para cambiar mi felicitación navideña del año pasado, por lo que la reproduzco aquí: 
Claro que deseo feliz Navidad a casi todos (excluyo conscientemente a los grandes especuladores y usureros, a los grandes explotadores, a los grandes taladores de vidas humanas).
En cambio me gustaría que tuviesen una feliz Navidad (y no la tendrán) muchas mujeres que representan el 70% de los pobres del mundo, muchos habitantes de los países empobrecidos (porque son ricos pero les han expoliado), los segregados tanto en la ciudad como en el campo, los que son pobres absolutos, los que sufren privaciones básicas, los que forman el "cuarto mundo", los que sufren el dualismo económico en los países ricos, ese 26% de la población mundial que en 2005 vivía con menos de 1,5 dólares al día, que representaba, en ese año, 1.400 millones de seres humanos; los que pasan hambre, los niños desamparados de toda piedad, los que no tienen ni una pequeña casita, los que sufren anemias, los que no tienen salud, los que carecen de medicamentos, los que no tienen agua potable, los inmigrantes. A estos deseo -aunque inútilmente- que tengan feliz Navidad.

A los opulentos y egoístas, a los que viven sin mover un dedo para que el mundo cambie a mejor; a esos no les deseo feliz Navidad. ¿Para qué si su felicidad consiste en vivir para reventar?
L. de Guereñu Polán.

lunes, 30 de diciembre de 2013

Indulto

El huidizo Matas
Es bien sabido que un indulto libera parcial o totalmente de la pena a la persona indultada, aunque ello no significa que se la considere inocente según la sentencia que ha recaído sobre ella. Es decir, el indulto no exime a la persona de la culpa en la que ha incurrido. Pero dicho esto ¿donde está el origen del indulto para que un gobierno pueda enmendar lo acodado por el poder judicial? En España se han de cumplir ciertas condiciones para que el indulto se ajuste a la ley: en primer lugar su excepcionalidad, en segundo lugar si se da la condición de oportunidad, en tercer lugar si existe conveniencia pública y en cuarto lugar (dicho sea a grandes rasgos) si se trata de un caso de equidad.

Pero ¿donde están en algunos casos que colean actualmente la equidad, la oportunidad, la conveniencia pública o la excepcionalidad? ¿Por que no ha de ingresar en prisión, de acuerdo con la sentencia que ha caído sobre él, el expresidente de Baleares, señor Matas? ¿Por que no ha de ingresar en prisión, de acuerdo con la sentencia que ha recaído sobre él, un ex matador de toros que ha producido en un acto de imprudencia extrema la muerte de una persona? ¿Por que no ha ingresado ya en prisión un abogado que se ha enriquecido haciendo trampas con un ex alcalde de Marbella ya fallecido? ¿Por que no han de ingresar en prisión personas del partido que gobierna en España, cuando ya han recaído sentencias condenatorias sobre ellas?

Es muy proclive el actual gobierno a forzar la ley, a interpretarla de forma torcida, atendiendo a intereses individuales y a presiones fácticas. A las muchas mentiras que acumula el Gobierno, a los incumplimientos flagrantes de sus promesas electorales, a los casos de corrupción y total falta de ética en su mismo seno, une la proclividad a dilatar la toma de decisiones cuando de amigos suyos se trata y dichas decisiones tendrían que perjucidarles. Es un gobierno ruin, mezquino, indigno incluso de la confianza que en él han depositado muchos millones de españoles. 

A actuaciones sospechosísimas de algunos jueces y fiscales, que tienen a la ciudadanía atónita y escéptica respecto de las reglas democráticas, se une el desprecio del Gobierno por esas mismas reglas. Banqueros enriquecidos espuriamente, robos en toda regla, ruina para ahorradores modestos, miles de españoles sometidos a la arbitrariedad de decisiones venales e injustas, ministros incursos en casos de corrupción, consentimiento por parte del Gobierno de vicios inveterados que nunca se han conseguido erradicar de nuestro país, desprecio por las leyes y utilización de la mayoría política para no avanzar en la lucha contra la corrupción. 

El actual Ministro de Justicia, que está presionado por cierto ex presidente embobado en sus correrías, amigo de banqueros y especuladores, ha de pensarse bien el escándalo que puede ocasionar a la opinión pública si propone al Consejo de Ministros -y este da su consentimiento- cualquier indulto que no reúna las condiciones para la que esta figura fue creada. Por cierto, creada en tiempos muy distintos a los actuales, cuando el desarrollo del liberalismo y luego de la democracia no habían alcanzado todavía la verdadera división de poderes que es garantía de mayor libertad y justicia. Será hora de repensar la legislación que regula el indulto en España, pero esta reflexión no la va a hacer este gobierno, emponzoñado como está en el vicio. Si una nueva legislación sobre el indulto se aprobase algún día tendría que ser para limitar al máximo sus posibilidades de aplicación por parte del Gobierno.

L. de Guereñu Polán.

sábado, 28 de diciembre de 2013

Ser antisistema

Se ha convertido en una acusación con la que se pretende descalificar a todo aquel que pone en cuestión el funcionamiento del Estado democrático (o no democrático) de una forma más o menos radical. Pero a poco que reflexionemos podríamos ser antisistema muchos más, incluso aquellos que no son conscientes de ello o que no lo manifiestan. 

Empezando por el poder legislativo: ¿quien no está radicalmente en desacuerdo con determinadas leyes que se aprueban en los Parlamentos de cada Estado? En España tenemos el caso reciente de leyes que pretenden regular el sistema educativo, la interrupción del embarazo, la fiscalidad y otras muchas con las que buena parte de la población no está de acuerdo. En buena lógica la confianza en el poder legislativo solo existe cuando este hace aprobar leyes que cada uno de nosotros considera justas o ajustadas a las necesidades del país. En ocasiones, los comportamientos de los parlamentarios son tan censurables que se agranda esa falta de confianza en el sistema.

Otro tanto podríamos decir del poder ejecutivo: ¿cuantas veces un Gobierno ha de tomar decisiones impopulares? Por cierto, no es en estos casos cuando un gobierno actúa peor, sino cuando no toma aquellas decisiones por simple populismo, por contentar a la galería y sin asumir sus responsabilidades. Pero en otras ocasiones un gobierno toma decisiones presionado por un grupo minoritario y poderoso, tanto en casos de gobiernos progresistas como conservadores. Estas son situaciones muy perjudiciales para la democracia y para la confianza que los ciudadanos podrían tener en sus gobernantes. Recientemente en España se ha dado el caso de un pretencioso especulador que exigió tantas condiciones para realizar determinadas inversiones (que comprometían también inversiones públicas) que el Gobierno ha tenido que decir no. Creo que estaba dispuesto a decir sí a muchas de las pretensiones, pero quizá el especulador jugó otras cartas al mismo tiempo y encontró más ventajas allí donde no existía cierta legislación que le perjudicaba. 

¿Que decir del poder judicial? Razón tiene la gente al decir que no se fía de los jueces cuando son conocidos tantos casos de errores judiciales, de jueces venales (una minoría) de fiscales que cumplen más un papel de abogados defensores cuando los acusados son poderosos, de letrados que no se emplean a fondo; cuando sentencias que parecen impecables procesalmente hacen saltar por los aires el más elemental sentido común... Buen razón tienen aquellos que dicen confiar en la Justicia cuando esta les es favorable (siempre que actúen de buena fe) pero no cuando les quita la razón. 

Ante una compleja colectividad con intereses distintos y contrapuestos, como siempre ha sido y ahora es, ¿no es comprensible que se desconfíe tanto del Gobierno como del Parlamento y de la Judicatura? Me parece algo natural. Para que esto no fuese así tendríamos que consitutuir una sociedad mucho más homogénea, sin tantos intereses contrapuestos, sin grupos de presión poderosísimos, que tuercen las voluntades políticas a su antojo. Tendría que darse un nivel de honestidad en los cargos públicos (políticos y judiciales) que no se da en nuestro mundo (que nunca se ha dado).

Siendo así las cosas (y suponiendo que no ofrezcan discusión los razonamientos arriba expuestos) ¿que nos queda? Solo una Constitución que sea suficientemente equitativa y respetada para que se demuestre día a día que, aparte desafueros y abusos, descuidos y venalidades, hay unos mínimos que nadie puede dejar de cumplir, los que marca esa ley máxima que llamamos Constitución. El resto queda en manos de una sociedad civil que sea cada vez más consciente del papel protagonista que le corresponde. Una sociedad que se manifieste en cada caso, que exija, que denuncie, que salga a la calle, que grite si es necesario, que tenga sentido crítico, que no se deje aborregar (si es que no lo está ya). 

La Constitución española, como la de otros estados democráticos, permite todo aquello que cito arriba: ya que los que nos gobiernan, los que legislan y juzgan, no nos son de total confianza, es la ley máxima y las posibilidades que nos brinda lo único a que podemos agarrarnos. No lo despreciemos.

L. de Guereñu Polán.

viernes, 27 de diciembre de 2013

Cataluña, una hipótesis loca, o, ¿no tan loca?


Supongamos que en vez de analizar el  problema suscitado sobre Cataluña desde una perspectiva del interés general, lo hacemos desde el punto de vista de los dos partidos que gobiernan en España y Cataluña respectivamente.
Hay un dicho que mantiene que el diablo sabe más por viejo que por diablo, uno lleva en política algunas décadas y habla frecuentemente con otros que llevan tanto, o más. Uno y otros constatamos la bastante clara coincidencia de los discursos más radicales, o nuevos pasos en la confrontación, con decisiones de gobierno, desde el central o desde el catalán, que suponen sacrificios adicionales para los ciudadanos. Sumemos la existencia de reuniones relativamente secretas, según los propios protagonistas para dialogar y acercar posiciones y la ambivalencia y confusión de muchas de las frases, incluida la doble pregunta que permite interpretaciones varias para el mismo resultado. Y tomemos en su literalidad algunas de las frases del discurso de navidad del monarca, discurso que, como es bien conocido, la Zarzuela consulta con la Moncloa. Los ingredientes de la fórmula son indicios de que hay algo que se puede estar cocinando de forma discreta y que no trasciende al público, que, más que asustado, apabullado aguanta las embestidas que, en nombre de la crisis, dan a sus bienes y derechos los que les gobiernan.

Los partidos actores principales, PP y CIU, si continúan con sus políticas de recortes, de economía  y de derechos sociales, la mayor parte dictadas no por la necesidad, sino porque así se lo pide su ideología, y hay que recordar que en ambos ámbitos, el económico y el social, tienen intereses e ideas muy similares, van a tener muy difícil repetir como gobiernos, salvo….,
Salvo que a última hora de la legislatura (por ejemplo en otoño del 2014, la fecha del posible referéndum no es casual), ¡o sorpresa!, tras arduas negociaciones, y cediendo de sus posiciones por el “bien de todos”, CIU y PP den con la solución al problema que ellos mismos crearon y alimentaron. Los ciudadanos votarían, quizá con la nariz tapada, a los partidos salvadores de la situación. Aún más si los partidos de izquierdas no aceptan ser comparsas y cómplices, al fin y al cabo muchos de los dirigentes de esos partidos aún creen, aunque solo sea ligeramente, en locas  utopías como la del estado de bienestar, los derechos de las minorías, o la redención de los desfavorecidos y marginados. Incluso en esa circunstancia quedaría en evidencia que los independentistas, hoy en la cresta de la ola, son una rémora, de la que prescindir, para los intereses de la burguesía catalana que hoy pelea por sacar beneficio y privilegio de la situación.

Diciembre de 2013

Isidoro Gracia

lunes, 23 de diciembre de 2013

Un nacionalista español

Hace ya muchos años que he considerado a don Francisco Vázquez, brillante triunfador como alcalde de A Coruña, dirigente del Partido Socialista y embajador de España en el Vaticano, como el ejemplo más fiel de un nacionalista español. Más que socialista, progresista, liberal o cualquier otro calificativo ideológico, creo que lo que le va a don Francisco es el de nacionalista español. Es tan encarnizado su nacionalismo como el que le podemos atribuir a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas vascos. 

Le conocí en el año 1976 y, en las reuniones de los socialistas -entonces muy pocos en Galicia- hablaba en gallego. Cierto que era un gallego improvisado, como el de todos nosotros, pero todavía no había hecho ascos de la lengua vernácula de Galicia. Pronto se vio que era uno de los más capaces para dirigir al Partido Socialista en A Coruña e incluso en Galicia, tuvo sus tiras y aflojas con otros, supo manejarse muy bien en las interioridades de la vida militante y, cuando alcanzó por primera vez su acta de diputado, ya no hubo quien le tosiese, por la sencilla razón de que su influencia en Galicia creció como la espuma. 

A lo largo de estos años ha hecho gala de un nacionalismo español del más puro casticismo: haciendo alusiones religiosas encomiásticas no a título particular, sino como diputado y como alcalde, indisciplinándose en ciertas votaciones en el Congreso de los Diputados, discutiendo a uno y otro Secretario ante la opinión pública con no poco desprecio hacia las decisiones de aquellos...  Recientemente despreciando al señor Rubalcaba como dirigente socialista, quizá en el momento más dificil que vive el partido desde su legalización en febrero de 1977. Don Francisco Vázquez es así: hace gala de su condición de católico y la une a su condición de español; esas son sus señas de identidad más definitorias. Lo de socialista ha sido una cuestión de acomodo, pues como don Francisco no es ningún reaccionario, cuando la dictadura se agotó encontró como mejor opción al Partido Socialista, pero nunca se ha destacado por un mínimo bagaje teórico en esta materia. 

Elogió a las autoridades norteamericanas tras el 11-S por la "unidad" -dijo- que demostró el país y pidió para España un comportamiento igual. Ha tenido muy poca sensibilidad para con los gallegos que se reclaman de izquierdas pero también nacionalistas, y sin embargo ha sido partidario del máximo de acuerdos con el Partido Popular en la medida en que este ha sido el que ha ganado siempre las elecciones en Galicia. Su españolismo ha relumbrado en no pocas ocasiones y ahora se manifiesta una vez más con una opinión muy desfavorable respecto al señor Rubalbaca, olvidando que este ha tenido muchísimas más responsabilidades políticas que él, que las ha desarrollado con gran dignidad y eficacia y que -eso sí- ha impedido que el señor Vázquez llegase a un puesto que parece anhelaba: Defensor del Pueblo. 

E paso por el Vaticano como embajador ha impreso en don Francisco un plus de catolicidad y de conservadurismo en su opinión: ya lo dijo un sabio en el siglo XIX, que las condiciones materiales condicionan la conciencia, y al verse rodeado de tanta pompa, púrpura, capas pluviales y mitras, su embobamiento con la curia se ha cebado en él. Un nacionalista español en toda regla, no como los del Partido Popular, pues estos son reaccionarios a rabiar; don Francisco es un nacionalista español como no hay otro, con esa solera que da el haber sido ungido por la divinidad.

L. de Guereñu Polán.

viernes, 20 de diciembre de 2013

LA PRENSA GALLEGA ¿CÓMPLICE DEL EXPOLIO?

En el expolio de las cajas de ahorro gallegas, hay unos claros responsables, no únicos, pero sí principales y directos: El Partido Popular y sus actuales dirigentes, entre los que destacan dos paisanos: Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno y del Partido Popular en España, y Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta y del Partido Popular en Galicia. Pero hay también cómplices sin cuya colaboración muy difícilmente se hubiese podido llevar a cabo.
Uno de estos cómplices imprescindibles es la prensa gallega. Es decir los periódicos y grupos de comunicación con los que la derecha imperante ha mantenido una recíproca y hasta descarada colaboración a lo largo de las últimas décadas. Tras los bellos y patrióticos títulos de sus cabeceras referidos a Galicia y a la defensa de sus intereses, se oculta en realidad, con  mayor o menor grado, no solo una tristísima dependencia de la derecha económica y política, sino el ser en si mismos una parte muy destacada y militante de la misma.
Los intentos para la creación de medios de comunicación no dependientes, con capacidad crítica, y comprometidos, no con los intereses privados de determinadas familias, sino con los generales del país, han desaparecido, asfixiados por el poder político al que molestaban. Tras la llegada del Partido Popular al gobierno de España y con mayoría absoluta,  con una especial descaro y contundencia.
Por lo que respecta a los medios públicos, tanto la RTVE en Galicia como la CRTVG, son la voz de su amo, es decir de sus respectivos gobiernos, fieles a un peligroso y estúpido modelo de gravísimas consecuencias no sólo en Galicia, mucho más incluso en Madrid y en Valencia por su mayor volumen y desmesura.
Considero que a poco que nuestros principales medios de comunicación se lo hubiesen propuesto, la suerte de eso que se acabó llamando Novagalicia Banco, hubiese podido ser otra muy distinta, al igual que la del resto del sector financiero gallego hoy desaparecido como tal. Lo mismo podríamos decir del sector energético y de otras empresas importantes y emblemáticas de la economía gallega.
A lo largo de estos años las subvenciones de la Xunta a los medios han sido cuantiosas y muy selectivas sin saber bien con que criterios. Comprenden subvenciones directas, publicidad institucional, simple propaganda, reportajes especiales, ayudas concretas para renovación de maquinaria, licencias selectivas de radio y TV,  contratos de imprenta entre ellos el del Diario Oficial de Galicia, etc. Circulan cifras parciales, y falta una información transparente y precisa al respecto, algo que no se ofrece a los ciudadanos. Solo las subvenciones directas se estiman en mas de dos millones de euros anuales, un 50% de cuyo importe correspondería al grupo Voz. Un señor como el Presidente del Deportivo de A Coruña, Augusto César Lendoiro, Ex Presidente de la Diputación Provincial y un notable referente del PP, llego a afirmar hace unos años -sin duda influido por su manifiesta enemistad personal con este grupo- que “La Voz recibió 100 millones de euros en ayudas públicas en 20 años”.
Los ciudadanos tenemos derecho a una información amplia, veraz, contrastada y rigurosa sobre este asunto, que corresponde ofrecer en primer lugar a la Xunta de Galicia, y a los partidos políticos exigirla en el Parlamento. Se ha dicho y con razón, que los medios de comunicación son “el cuarto poder” después del legislativo, el ejecutivo y el judicial. En los tiempos actuales quien sabe si el poder principal, al no atreverse los restantes  a enfrentarse a él de verdad llegado el caso.
Lo que parece claro, aún con democracia formal, es que la prolongada endogamia entre los medios de comunicación y un partido político en el gobierno durante mas de treinta años -con brevísimos paréntesis fruto de sonoros escándalos- acaba conformando una comunidad débil, sin carácter, manipulada por la desinformación y la propaganda, conduciendo al atraso, a la pobreza y al expolio de las riquezas del pueblo que la sufre. La prensa libre, plural y autentica, fiel a su cometido en la sociedad, es el oxigeno imprescindible para la salud democrática, para el progreso y para la prosperidad económica.
Xesús Mosquera Sueiro / 20 de diciembre de 2013




jueves, 19 de diciembre de 2013

Los servicios públicos. De repente el Tribunal de Cuentas nos hizo descubrir la pólvora


La actual sociedad ha sustituido buena parte de las ideas que mueven el mundo por consignas: la gestión privada es más eficiente que la pública, la privacidad es un bien casi supremo, el mercado es libre etc.
Con un retraso algo menor que el habitual, menos de dos años, el Tribunal de Cuentas del Reino de España ha emitido su informe sobre la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, que son la inmensa mayoría del país. El informe demuestra con datos, más que contundentes aplastantes, que la gestión pública de los servicios esenciales para el ciudadano es más barata, de mayor calidad y mucho más trasparente que la privatizada.

En temas de gran importancia, incluso para la supervivencia y la calidad de vida individual, como: el suministro de agua, la recogida de basura, la limpieza viaria, el alumbrado público y hasta los cementerios, las diferencias de costes por habitante llegan a superar el 70%, diferencia a favor de los beneficios de la empresa privada, es decir que de continuar con la gestión pública se podrían dar algunos servicios básicos de mayor calidad, por algo más de la mitad del precio. La fiebre privatizadora, que afectó a la mayoría de los dirigentes municipales, de todo signo político, tenía como sustento, en el mejor de los casos, la propaganda neoliberal. La experiencia judicial hoy permanentemente en primer plano ha venido a demostrar que la motivación tenía y tienen otros componentes, el de la mera ambición  y el de la fácil corruptibilidad.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, hechos recientes demuestran que es tal el nivel de abuso en trabajadores que prestan el servicio y al ciudadano que lo paga, ya que en lo privado el nivel del beneficio buscado es ilimitado, que la conflictividad de lo público que está en manos de la gestión privada es mayor, que en la gestión directa por la correspondiente administración.
Por cierto, como algún día, también algún organismo oficial, espero que sean las corporaciones a través de sus propios funcionarios y munícipes, descubrirá que es tal el grado de incumplimiento de los Pliegos de Condiciones, que hicieron posible las privatizaciones, que es posible recuperar, sin más daño para las arcas públicas, el recate de las concesiones y la rescisión de los contratos a los hoy impenitentes y privados incumplidores. Algunos ayuntamientos, que han realizado el ejercicio de revisar la situación, ya han recuperado para la gestión directa algunos servicios, y,  ¡oh sorpresa!, con grandes ahorros.

Diciembre de 2013
Isidoro Gracia

El pitorreo del sistema financiero

Los desvalijadores de Cajas en apretada piña
Por si no fuesen pocos los escándalos que los banqueros y financieros han protagonizado, con gran beneficio para ellos en operaciones que no pueden ser calificadas sino de robo, aunque no haya mediado la violencia física de por medio, ahora tenemos la compra de Novagalicia Banco por algo más de mil millones de euros a manos de un banco privado venezolano: Banesco. 

Los responsables del robo a mansalva y con alevosía, en paradero desconocido algunos de ellos, compinchados con gobiernos corruptos otros, se han embolsado millones de euros propiedad de los depositantes, que se han quedado arruinados y/o estafados en no pequeño número, con el agravante de que la mayoría de ellos estaban comprometidos en créditos hipotecarios, fondos de pensiones y eran pequeños o medianos ahorradores. 

El Estado español, para que las antiguas Cajas de ahorro de Galicia no se hundiesen, una vez se produjo su definitiva fusión con el beneplático de las autoridades autonómicas (eran Cajas públicas) inyectó (no se puede decir que invirtiera) unos 8.000.000.000 de euros propiedad, logicamente, de todos los españoles, que ahora verán como ese dinero se ha volatilizado. Los responsables son los miembros de los Consejos de Administración, donde había políticos sin escrúpulos, financieros aficionados al enriquecimiento fácil, sindicalistas y otro personal de pocas luces y mucha ambición. 

Si comparamos lo que el banco venezolano va a entregar por hacerse con el 88,33% de Novagalicia Banco con lo que el Estado español tuvo que pagar para el reflote, las conclusiones son evidentes. La mala gestión, el robo sin armas, el expolio sin paliativos son evidentes también. El Estado, por medio de sus organismos de "control" (Banco de España, Comisión del Mercado de Valores y, por encima de todos, el Ministerio de Hacienda) ha estado ausente. Y ello con gobiernos socialistas y conservadores: ha dado igual; el triundo del liberalismo económico más despiadado ha sido evidente. 

Banesco se dedica a conceder microcréditos con unos intereses de escándalo, a fideicomisos de inversión, depósitos a plazo fijo, créditos personales, créditos hipotecarios, finanzas para el estímulo de proyectos agrícolas, préstamos mercantiles, tarjetas de crédito, descuentos de letras de cambio, títulos de valores, seguros, servicios internacionales y otras muchas actividades financieras y especulativas. Ahora tendrá que pagar algo más de mil millones de euros en cómodos plazos, sin que tengamos garantías de que la gestión de sus "ejecutivos" en Novagalicia Banco será correcta (ya no digo honrada para no pasarme) y no tenemos garantías de que los gallegos, como cualquier otro ciudadano, puedan recibir préstamos para sus pequeñas empresas, proyectos, estudios o actividades productivas del tipo que sean. Todo queda en el aire. 

Lo que está claro es que entidades que eran públicas y que, evidentemente, estaban mal gestionadas y fueron objeto de expolio por unas decenas de delincuentes comunes, ahora será un banco privado controlado por una entidad venezolana (la sede es lo de menos) después de una breve etapa en la que el Estado español se hizo con el control, con el solo objeto de que Nogagalicia Banco no se hundiese. Los hundidos han resultado los ahorradores, estafados mediantes cuentas trampa (llamadas eufemísticamente "preferentes") que no tienen seguro se les devuelvan sus ahorros. No figura ninguna cláusula en la venta por la que el adquirente se comprometa a resarcir completamente a los estafados. 

Así no hay quien pueda confiar en un sistema. Los Pego, Méndez, Feijóo, Gayoso y otros andan escapados como hurones o predican a los cuatro vientos una sarta de idioteces que nada valen para los ahorradores y trabajadores estafados. 

L. de Guereñu Polán.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Los que elogiaron a Mandela

Con motivo del fallecimiento del lider sudafricano han sido muchos los dirigentes políticos que han creído conveniente salir a la palestra pública elogiándolo, pero no todos, ni mucho menos, han seguido, ni siguen, ni piensan seguir su ejemplo. 

Empezando por el Presidente del Gobierno español, hipócrita donde los haya, que mantiene en su partido una política segregacionista con respecto a gitanos, rumanos y, en general, europeos del este, norteafricanos y subsaharianos, con la disculpa de que ocasionan problemas de orden público y casos de delincuencia. Habrá delincuencia mientras haya injusticia y segregación, y aún elimiando estas lacras habrá delincuencia de la que más hace sufrir, la de los poderosos banqueros y especuladores. Así el alcalde de Badalona, junto con la dirigente del PP catalán, señora Camacho, han participado en campañas contra las minorías nacionales, étnicas y de cualquier tipo en las zonas más industrializadas y que tienen las mayores tasas de inmigración. Y desde las filas del Partido Popular se ha jaleado esta política segregacionista, negando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales, como si fuesen perros sarnosos. 

No voy a dar pábulo a demagogia alguna: sé que la política de inmigración de todo país tiene planteados problemas de envergadura que están relacionados con los derechos humanos, la economía y la convivencia, pero desde las más altas instancias políticas no se deben alentar actitudes xenófobas, racistas y segregacionistas. 

Lo que ocurre en España ha ocurrido en Francia con el Presidente Sarkozy y con el actual, señor Holande. Una Francia que ha sido ejemplo como país de acogida se ha vuelto en los últimos años contra esa política humanitaria y asumible por una sociedad madura y democrática. Hay miedo al espantajo de la extrema derecha, que azuza la bandera de la xenofocia para ganar unos cuantos votos. Los partidos democráticos, y la izquierda en particular, han de plantear soluciones a los problemas derivados de una inmigración numerosa, de los roces que provoca la convivencia de personas cuyas culturas son distintas. Los partidos de izquierda no pueden hacer seguidismo al capitalismo que expulsa a las minorías o las explota inmisericordemente. De igual manera que en su momento se desterró el concepto de beneficencia para abrazar el de servicios sociales, estos hay que extenderlos a esa población sufrida y que necesita integrarse en el mundo occidental, a donde ha llegado con una esperanza quizá vana.

Reino Unido, tanto con partidos conservadores como laboristas en el Gobierno, también ha practicado la xenofobia de más o menos alcance; e igualmente Italia, sobre todo durante la etapa triste y corrupta del señor Berlusconi, apoyado por los dirigentes de la Liga Norte y de un neofascismo que ha pretendido años atrás lavarse la cara: pero no, con negros, judíos, gitanos, europeos del este, subsaharianos, etc. el fascismo vuelve a sus orígenes, a la exclusión, a la barbarie. 

Mugabe el asesino, Rajoy el contemporizador y escurridizo presidente, proclive a no dar la cara, siempre rodeado de delincuentes, han aprovechado la ocasión para subirse al carro de la alta personalidad de Mandela; como lo han hecho cientos de dirigentes políticos del mundo. Pero no nos engañemos: serán verdaderos seguidores de Mandela, émulos de sus políticas de igualdad, partidarios de la convivencia humanitaria, los que prediquen con el ejemplo, no los que digan unas cuantas palabras complacientes para, al dia siguiente, poner cuchillas en las alambradas, segregar a alumnos gitanos en centos de enseñanza elegidos a propósito, negar los más elementales auxilios a quien, estando enfermo, los necesita. No es el Partido Popular el ejemplo a seguir cuando hablamos de Mandela y sus valores, es justamente el ejemplo a rechazar, a cambiar por unos ideales que están en las antípodas de las del señor Rajoy y su parentela política.

L. de Guereñu Polán.

viernes, 13 de diciembre de 2013

Orden público: vuelta a un siglo atrás

Mientras leía con cierto estupor la ley de orden público que ha aprobado el Gobierno, me vinieron a la memoria ciertos artículos de la que, hace algo más de un siglo, hizo aprobar y aplicar el ministro de la Gobernación, Sánchez Guerra, que lo fue en tres ocasiones entre 1903 y 1917. Era un tipo con carácter que se enfrentó hasta al propio rey cuando este autorizó el golpe de estado de 1923, pero como conservador y burgués, no podía concebir que el movimiento obrero y la población en general gozasen de una libertad de movimientos que a partir de 1945 fueron reconocidos ampliamente y que en España han quedado consagrados en la Constitución de 1978. 

Pero una Constitución se puede interpretar de diversas maneras, sobe todo si está redactada con una cierta ambigüedad para que sea aceptada por unos y por otros. Sánchez Guerra en su momento y el actual ministro del Interior ahora, lo han hecho en el sentido más restrictivo posible para las libertades públicas. La Constitución de 1876 también reconocía los derechos individuales, pero Sánchez Guerra se ocupó de restringirlos al máximo que la interpretación del texto constitucional permitia y para ello utilizó el Código Penal, el mismo que -con modificaciones- rige en la actualidad. Por ejemplo, el artículo 189 de dicho Código Penal autorizaba al Gobierno a sancionar a quienes convocasen y celebrasen manifestaciones no autorizadas; incluso para irrumpir en el domicilio social de un partido o sindicato según el artículo 12 de la ley de asociadiones de 1887. Yo invito a quien tenga paciencia a que se lea algunos artículos de dicha ley para que vea el gran parecido entre ellos y los de la ley recientemente aprobada por el Gobierno actual. 

Incluso los artículos 1 y 5 de la última ley citada autorizaba a los Gobernadores civiles para disolver reuniones ilegales, lo que ahora recae en los subdelegados y delegados del Gobierno en cada Comunidad autónoma. Para Sánchez Guerra eran los republicanos y los socialistas el peligro nefando de la época; para el actual Gobierno es la ciudadanía entendida en su sentido más amplio: las multas y sanciones económicas se exageran de manera irracional y puede que anticonstitucional, se reprime con dureza todo intento de manifestación, se incorporan conceptos como el de "ofensa a la Patria", que recuerda la Ley de Jurisdicciones de 1906: solo faltaría -si la Constitución lo permitiese, que no lo hace- que las "faltas y delitos" de esta naturaleza fuesen juzgados por tribunales militares, como Segismundo Moret hizo aprobar hace algo más de un siglo. 

Eran aquellos tiempos predemocráticos y ahora volvemos a ellos por lo que a la legislación de orden público se refiere; eran tiempos de grandes diferencias sociales y ahora volvemos a ellas en tanto una crisis económica ha demostrado lo endeble de la democracia española (sobre todo en materia económica). Eran aquellos tiempos donde el monopolio del poder estaba reservado a una casta de personas generalmente cultas, pero entregadas a la vesanía y la trampa, como el actual ministro del Interior y el Gobierno del que forma parte (la cultura frailuna del señor Fernández le aparta del ilustrado Sánchez Guerra). 

Son malos tiempos para la democracia española: son malos tiempos para unos diez millones de personas en nuestro país que pagan irremisiblemente las dificultades económicas en las que nos han metido unos cuantos miles de ladrones a escala planetaria; son malos tiempos para una ciudadanía que ha estado bastante dormida y mecida por los partidos que se reclaman de izquierdas. Veremos a donde nos lleva esto.

L. de Guereñu Polán.

martes, 10 de diciembre de 2013

GALICIA ¿POR QUE NO UNA CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA?

Amenaza el Partido Popular de Feijoo con una modificación de la actual ley electoral gallega, reduciendo el número de diputados de los 75 actuales a 61. Catorce menos, un 20%, que según los expertos podría permitirle a la derecha gallega mantener su actual mayoría absoluta y compensar así el formidable desgaste electoral que está sufriendo.

Una persona, un voto con el mismo valor para todos. Es lo democrático. Pero en Galicia, esto no solo no es así, sino que hay riesgo de que empeore. Con el actual sistema electoral un escaño parlamentario supone en la provincia de Lugo 23.703 votos, cifra que en la de A Coruña sube a los 47.463, en Ourense requiere 24.007 y en la de Pontevedra 43.336 votos. Cierto que diferencias semejantes se producen también con motivo de las elecciones generales, y cierto también que son muchas las voces que reclaman un cambio del sistema electoral que las regula para evitar repartos de escaños que no se corresponden con la proporción de votos recibidos.

Conviene recordar que en las dos primeras elecciones autonómicas, 1981 y 1985, el número de escaños del Parlamento gallego era entonces de 71, distribuidos en 22 para la provincia de A Coruña, 19 para la de Pontevedra y 15 respectivamente para las de Lugo y Ourense. La ley electoral gallega de 1985 elevó el número de diputados a los 75 actuales. Los cuatro nuevos escaños aumentaron los de A Coruña y Pontevedra a 24 y 21 respectivamente, continuando Lugo y Ourense con 15. La distribución se basa en 10 escaños por provincia y los 35 restantes a repartir en relación a la población y entre las candidaturas que obtuvieran un 3% de los votos. En 1992 se modificó la ley electoral del 85 con el principal objetivo de elevar la barrera electoral para obtener escaño al 5% de los votos. Un golpe a los partidos minoritarios.
En 1997, Ourense, por disminución de su población pierde un escaño que pasa a la circunscripción de Pontevedra. A lo largo de estos años, las provincias de Lugo y Ourense han seguido perdiendo población que en parte han ganado la de Pontevedra y menor medida la de A Coruña.

Otro aspecto que ha cobrado gran relevancia es el voto de los emigrantes, que en torno a los 330.000 en el conjunto de Galicia, superan a los 302.000 electores de la provincia de Lugo, o a los 281.000 de la de Ourense. La picaresca y el fraude han sido en ocasiones de escándalo, habiéndose comprobado que efectivamente, en algunos casos llegaron e votar hasta los muertos. No es exagerado decir, que aún con garantías democráticas para el voto emigrante, este podría llegar a decidir el resultado de unas elecciones autonómicas, con todo lo que esto supone. Tengamos en cuenta además que el fenómeno de la emigración vuelve a ser una realidad.

Con este panorama y con la crisis y los recortes como pretexto, se habla por parte del Partido Popular de una nueva modificación de la ley electoral, con  el objetivo principal de reducir el número de escaños del actual parlamento, lo que de producirse favorecería a este partido muy desgastado por las políticas mal llamadas de austeridad, evitando así lo que le auguran las encuestas: la pérdida de su mayoría absoluta y el gobierno de la Xunta.

Creo que la ley electoral gallega necesita reformarse, pero para hacerla más democrática y acorde con los cambios que los tiempos actuales requieren. Y desde luego hacerlo con el mas amplio consenso, sin ventajismos autoritarios ni imposiciones oportunistas por parte del poder, que me recuerdan -y siento decirlo- a Hitler cuando democráticamente llegó al poder y luego impuso reformas para evitar que pudiese llegar a perderlo.

Con este panorama me pregunto ¿Por qué no una circunscripción electoral única que abarque a todo el territorio gallego? Permitiría que todos los votos valiesen igual, y serviría para terminar con el ventajismo antidemocrático impuesto, con muy variados pretextos, para evitar que quienes gobiernan puedan dejar de hacerlo aún cuando el pueblo mayoritariamente lo decida.

Si se abre el debate soy de la opinión de recuperar el 3% como porcentaje mínimo para obtener escaño, y regular de manera efectiva, realista y sensata el voto emigrante.

Xesús Mosquera Sueiro
10 de Diciembre de 2013. 65 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


domingo, 8 de diciembre de 2013

Doble moral de occidente

Mohamed Bonazizi
No es exclusiva de occidente. También se da en China e India, en oriente próximo y en África, en América Latina y Estados Unidos... Pero como occidente presume de ser el núcleo irradiador de la modernidad consistente en los derechos humanos, la democracia, el sufragio, la libertad religiosa, el sindicalismo libre, etc., a esta doble moral me quiero referir.

Ahora occidente está a favor del derrocamiento del régimen Sirio (y buena cosa es) pero durante décadas no hubo inconveniente en mantener relaciones con él a sabiendas de que masacraba a su pueblo. Occidente vio con simpatías las "revoluciones" en Túnez, Egipto, Libia... pero mantiene su apoyo y amistad con la monarquía Saudí, dueña en el sentido más literal de la palabra de Arabia; mantiene su apoyo a los Khalifa en Bahrein, donde un buen sector de la población también se levantó contra la dictadura y fue aplastada por un ejército extranjero, el de Arabia Saudí. Occidente mantiente su apoyo al rey Abdalah de Jordania, que se vende al mejor postor al ser este un país pobre y que depende de la ayuda de sus vecinos. Occidente apoya al presidente Salih en Yemen y así podríamos seguir. ¿Está a favor de la democratización del mundo árabe occidente (del mundo musulmán en un sentido más amplio) o está solo vigilando sus intereses materiales? 

Como señala Alba Rico, a finales de 2010, en la pequeña ciudad de Sidi Bouzid, en Túnez, un trabajador humillado por la policía, Mohamed Bonazizi, se prendió fuego delante del gobernador de la ciudad, lo que levantó las iras de la población y fue la chispa que encendió la revolución tunecina, la primera. Así cayó el dictador Ben Alí, con quien hasta entonces había mantenido occidente relaciones de colaboración. Tuvo que ser un hombrecillo irrelevante en la vida política el que se inmolase para que el mundo se enterase de lo que pasaba en Túnez. El mundo lo sabía, pero prefería ignorarlo. 

Las peculiares repúblicas en el norte de África y en Oriente Próximo, las teocracias y las monarquías de pacotilla, no son más que la pantalla para que unos pocos ladrones roben a la población y ordenen la más brutal represión de la policía a quien se mueva. Occidente, con toda su parafernalia de organismos internacionales, influencia política, poder económico, calla. Se alzan algunas voces generalmente no gubernamentales, algún dirigente político se atreve a denunciar la situación pero solo para decir que es necesario ayudar a los países de la zona en el camino de su democratización. En este camino estaba Egipto y occidente no tuvo inconveniente en apoyar un golpe de estado militar y luego reconocer al régimen instaurado por la fuerza. He aquí la doble moral: las elecciones las habían ganado los Hermanos Musulmanes, organización enraizada en la sociedad egipcia, sectaria en no pocas de sus actuaciones, pero había ganado las elecciones. 

¿No será que el mundo musulmán de Oriente Próximo y del Norte de África han de democratizarse de forma distinta a como lo ha hecho Europa que, a la postre, tampoco es gran ejemplo en muchos aspectos? La democracia "sui generis" o con particularismos que se nos escapan quizá tenga que venir de quienes tienen el mayor apoyo social, los musulmanes moderados, o los menos moderados que se verán presionados por una población en muchos de aquellos países occidentalizada. Mientaras tanto occidente, particularmente la Unión Europea y Estados Unidos, han de olvidarse de sus intereses económicos y atender a las necesidades de la población: no creo que lo haga mientras gobiernen los actuales en estos macroestados.

Israel es un factor de desestabilización en la zona, no tanto por el poder intrínseco del pequeño país como por la influencia que sus "lobbies" llevan a cabo en el mundo. De la misma forma que se ha actuado cautelosamente con Irán, lo que es un acierto aunque los logros están por ver, debiera hacerse con Israel, que no puede seguir viviendo de los réditos del "holocausto", asunto en el que la inmensa mayoría de la humanidad está con ese pueblo. La política, como hoy se concibe, no será capaz, creo yo, de resolver el grave problema que amenaza a buena parte de África y Asia. 

L. de Guereñu Polán.

sábado, 7 de diciembre de 2013

Hambre

Ya es miserable la condición humana, con los avances tecnológicos y la producción de alimentos exponencial que se ha dado en el último siglo, para mantener a 868 millones de personas que pasan hambre en 2012 (datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). ¿Que objetivos del milenio se van a cumplir cuando una necesidad básica como es la alimentación no está garantizada para tantos millones de seres humanos? Téngase en cuenta que hay otros muchos millones de personas que no pasan hambre crónica, pero sí pasan hambre en determinados momentos del año. 

La FAO considera personas subnutridas o con hambre crónica a las que no consumen a diario la cantidad de calorías necesarias para realizar una actividad ligera y mantener un peso mínimo aceptable respecto de su estatura. La cifra de referencia es 1.800 kilocalorías por persona y día, aunque esta cantidad debe modificarse según se trate de unas edades u otras, el tamaño corporal, el nivel de actividad y las condiciones fisiológicas: enfermedades, infecciones, embarazos, lactancias... En algunas regiones del planeta la situación se agrava, pues de los 868 millones de personas que pasan hambre crónica, 852 millones se encuentran en los países subdesarrollados, sin que existan políticas suficientes entre los países desarrollados como para combatir eficazmente esta situación. Prima la competitividad, la productividad sin miramientos y otros abusos.

El hambre se concentra en Asia meridional y en África subsahariana, aunque la "prevalencia de la subnutrición" es mucho mayor en África subsahariana. La próspera y contradictoria Europa, con sus políticas liberales o socialdemócratas, según los casos, no ha conseguido combatir esta lacra a pesar de que del África subsahariana obtuvo recursos durante más de un siglo para alimentar su industria y otras actividades económicas. El tanto por ciento de personas subnutridas entre 2010 y 2012 es como sigue: 

África subsahariana: 26,8%
Caribe: 17,8%
Asia meridional: 17,6%
Oceanía: 12,1%
Asia oriental: 11,5%
Asia sudoriental: 10,9%
Asia occidental: 10,1%
América latina: 7,7%
Cáucaso y Asia central: 7,4%
África del norte: 2,7%

El exceso de población en Asia meridional y oriental explican los porcentajes tan elevados, pero también de allí salen la mayor cantidad de productos alimenticios que, sin embargo, no van dirigidos a quienes los necesitan, sino a la rapiña de compañías comerciales transnacionales. Australia no cumple con el papel de potencia regional en Oceanía, como tampoco Irán ni Arabia Sudí, por mucha renta del petróleo que entre en sus cuentas. El emergente Brasil no ha podido todavía combatir el hambre en su propio territorio, lo que quiere decir que se ha perdido mucho tiempo antes de los gobiernos de Cardozo, Lula y Rouseff. Vergüenza debieran sentir -por lo menos- las autoridades norteamericanas y canadienses, de que en el Caribe se den tasas de hambre tan elevadas, con sus excedentes cerealísticos que se comercializan con unas plusvalías de escándalo, con barreras comerciales que impiden a productos africanos ser vendidos en el gran mercado norteamericano.

Todo esto quiere decir -y no solo- que las organizaciones internacionales (ONU, Banco Mundial, FMI) no están cumpliendo el papel de justicia que debieran, que tienen muchos funcionarios muy bien pagados pero que los graves problemas que tiene planteados la humanidad (básicos en este caso) siguen sin encontrar solución; pero la solución está a la vuelta de la esquina. Otra cosa es querer afectar a los especuladores y grandes capos de la economía para favorecer a seres humanos que pasan hambre. Hoy por no, no se quiere.

L. de Guereñu Polán.

viernes, 6 de diciembre de 2013

¿Una transición modélica?

Lo bueno que tiene el tiempo es que permite ver las cosas de manera más objetiva, más pausada y más acertada. Ahora que ya han transcurrido casi cuarenta años desde la muerte del dictador y algo menos desde que dio comienzo la transición a la democracia en España, cuyo hito más importante fue la aprobación de la Constitución de 1978, se ven muchos aspectos negativos en aquella transición. 

En primer lugar fue vigilada por el ejército y otras fuerzas fácticas, como la Iglesia, la banca y buena parte de la judicatura, hechas a imagen y semejanza del régimen criminal que fenecía. La izquierda en particular y algunos otros sectores de la oposición democrática tuvieron que aceptar un Senado que no querían; la elección de los senadores por el sistema mayoritario (menos democrático que el proporcional) y no pocos de ellos elegidos por cooptación, es decir por los parlamentos de las Comunidades autónomas, por lo tanto de forma indirecta y sin participación de la población. Buena parte de la izquierda tuvo que aceptar la forma monárquica de estado, que fue la impuesta por el dictador y que solo se legitimó cuando se aprobó la Constitución, pero el pueblo no tuvo la oportunidad de pronunciarse en referéndum como hubiera sido deseable, y así la monarquía tendría más legitimidad (estoy seguro de que hubiese triunfado la opción monárquica ante el temor de los españoles a otra que además hubiese sido asaltada por el ejército). 

¿Es ejemplar una transición que mantuvo en los puestos superiores del ejército a los militares que se habían rebelado contra el poder legítimo en 1936? ¿Es modélica una transición que mantuvo todo el aparato represor del franquismo y la misma Administración que dicho régimen legó? Con el terrorismo azuzando en todos los frentes hubiese sido suicida poner a mandos policiales bisoños, pero el mero hecho de que permaneciesen los que habían cometido crímenes desde sus puestos de mando dice muy poco bueno de la transición española. ¿Es modélica una transición que mantuvo los problemas planteados por el nacionalismo periférico y al país en jaque mediante un terrorismo atroz, peor que ningún otro en Europa, llevándose por delante las vidas de cientos de españoles? 

¿Es modélica una transición en la que los que siguieron gobernando tras las elecciones de 1977 fueron los mismos -una generación más jóvenes- que los que lo habían hecho hasta entonces? Cierto que esto fue por la voluntad de los españoles, pero si hubiese sido posible una ruptura con el régimen anterior (como en Portugal) la legitimidad habría ganado puntos. No considero esto, sin embargo, de importancia capital, pues a la postre Portugal -con una revolución pacífica de por medio- siguió luego los mismos pasos que la democracia española. 

¿Es modélica una transición que tuvo que soportar un intento golpista por parte de un sector del ejército haciendo de España el hazmerreir del mundo si no fuese porque dicho intento pudo haber costado muchas vidas? Soy de los que consideran que en aquella ocasión el rey se legitimó por segunda vez, desautorizando el golpe, y los que sostienen lo contrario debieran aportar pruebas y no decir gratuidades.

Como ha señalado recientemente Ignacio Sotelo, la tansición española, y los gobiernos posteriores, dejaron los poderes económicos -que no son poderes legales- intactos y capaces de cometer las más arbitrarias e injustas medidas contra la población, que pagó las consecuencias de tasas de paro altas aunque cambiantes a lo largo de estos treinta y cinco años. La judicatura tardó en incorporarse al sistema democrático, aún más que el ejército; la Iglesia no digamos, pero esto es harina de otro costal, porque la Iglesia es una organización no estatal, aunque actúe en los estados como si de un estado más se tratase. Los privilegios que la Constitución de 1978 le preservó, aún más los que se derivan de los acuerdos de 1979 y los que de forma fáctica (presupuestaria) el Estado le facilita, hablan de que España no es un país laico en la práctica, sino que tiene algo de ese fundamentalismo que tantos perjuicios depara a los países islámicos. 

Tampoco me parece modélica la solución que se dio a la territorialización del Estado, como queda demostrado por los problemas que siguen coleando, particularmente en Cataluña, pero también en las Comunides autónomas que se han alejado en renta y recursos de las más prósperas y ricas. La descentralización del Estado fue una idea que se remonta al siglo XIX, era necesario llevarla a cabo, pero en mi opinión no como se hizo. 

¿Era posible otra salida? Ahora tiene poco sentido plantear esta pregunta; lo que sí tiene sentido es no complacernos con ideas como la de que la transición española fue modélica porque no lo fue: contó con una población mayoritariamente aborregada por el régimen franquista, con partidos políticos democráticos escuálidos, con los herederos del régimen ayudados por la banca, la Iglesia, la mayor parte del ejército y el aparato del Estado. Quedaron impunes los crímenes, de todo orden, que se cometieron durante el franquismo capitaneados por el dictador. El resto de la población -si tuviese arrestos para intentar otro camino- ¿no habría caído en el suicidio?

L. de Guereñu Polán.

jueves, 5 de diciembre de 2013

DE SIMBOLOS E IDENTIDADES.


Continúan algunos dirigentes políticos y sociales, pregonando como soluciones a una crisis del siglo XXI fórmulas del siglo XIX y principios del XX, aún cuando los más recientes son los ejemplos de Escocia y Cataluña,  ese tipo de discurso ultranacionalista han llevado a los gobiernos de sus estados a varios grupos políticos (Finlandia, Austria, Holanda, etc.), habiendo olvidado los ciudadanos que los votaron cuales fueron las consecuencias cuando esas fórmulas triunfaron.

Hace ya algunos años reflexione sobre el tema y parece que conviene rescatar lo que entonces escribí:

Mantenía Aristóteles que para estudiar y fijar una idea abstracta era necesaria una imagen. La ciencia social que Aristóteles desarrollo, hace 2.300 años, es aún hoy el útil mas avanzado del que disponemos para controlar las ciencias aplicadas del  siglo XXI, dicho esto con muchos matices, parece evidente que existe la necesidad de una evolución rápida que modernice el útil.

Desde el respeto hacia los que tienen necesidad para confirmar su identidad mediante vínculos convencionales, tan básicos como los símbolos (para las religiones y los nacionalismos son parte indispensable), yo me encuentro entre los que sostenemos que esa atadura atávica es algo a superar, desde la razón, ya que desde los sentimientos primarios que desatan no es posible.

Algunos no necesitamos para sentirnos, gallegos, españoles, europeos y ciudadanos del mundo, simultáneamente, más que nuestra voluntad y un modesto conocimiento de la historia. Es más, creemos que las banderas, escudos, signos y demás simbología son respetables, si sirven para unir voluntades y forjar convivencia, y absolutamente prescindible si se utilizan para la división y el enfrentamiento.

Quizá algo ingenuamente, entendemos que las lenguas, los idiomas, son instrumentos de comunicación, y que su uso como elemento de imposición de culturas es algo rechazable, tanto si los que así los utilizan lo hacen desde una mayoría, como si se hace desde una minoría, lo que aún es peor.

Lo que sirve para identificarnos y distinguirnos de los demás tiene que estar supeditado al bien común; los derechos individuales y colectivos deben de aplicarse a las personas, antes que  a los territorios, y para diferenciarse es preferible, antes que un signo físico, una condición humana, como por ejemplo la condición de quien vive de su trabajo diferencia a la mayoría de los humanos, de la condición de la minoría que vive de explotar y manipular a los otros.

Con la misma autoridad, como mínimo, con que algunos confrontan en base a haber nacido (siempre casualmente) en un territorio, se puede afirmar que no es más gallego, catalán, alemán o guineano quien nace, que aquel que voluntariamente quiere serlo.

 
 Isidoro Gracia

El atículo de Rubalcaba

Hoy mismo se publica en "El País", página 17, un artículo firmado por Rubalcaba en el que apunta qué reformas de la Constitución considera él necesarias. Lo más importante me parece el apartado sobre incorporación de garantías sobre sanidad, servicios sociales e igualdad de derechos para que un gobierno como el actual no pueda hacer una lectura retrógrada de la Constitución. También es importante la reflexión que hace sobre la reforma de la ley electoral, mejor dicho, su constitucionalización, para evitar que la provincia tenga que seguir siendo la circunscripción y no se pueda avanzar en otras alternativas. Importancia capital me parece que la Constitución fuese reformada -como dice al autor del artículo- en el sentido de revisar el reparto competencial entre Administración central y Comunidades autónomas, así como que todas estas reformas NO impliquen un nuevo proceso constituyente sino una reforma de la ACTUAL Constitución. 

Dicho esto hay otras cosas en las que no estoy de acuerdo: no fue un "completo" acierto el texto constitucional tal y como salidó de las Cortes en 1978 y fue plebiscitado por los españoles el 6 de diciembre de dicho año. Lo que pasa es que ese plebiscito le dio legitimidad y en ese sentido fue válido para convivir durante estos treinta y cinco años. Tampoco es cierto que esta Constitución fuese la que más tiempo ha durado, pues fue la de 1876 (48 años) aunque esto es una apreciación de poca importancia. La constitución canovista no era democrática y la nuestra sí. Esto solo, anula cualquier otra diferencia, incluso el tiempo de su vigencia. 

Junto con los grandes éxitos de la Constitución están sus fracasos, o más bien los de los que gobernaron sin tenerla en cuenta en todas las ocasiones, aprovechando la indefinición o ambigüedad del texto para irse por derroteros que non han servido a la ciudadanía, sino a unos pocos. No hay manera de que alguien de entre los que más saben me aclare que se entiende por federalismo aplicado al caso de España, porque ya sé que implica este término en Alemania y otros países más o menos federales. ¿No es el Estado de las autonomías un régimen federal? Pues si no lo es ¿donde están las diferencias? Y si esas diferencias son para bien, díganse, y si son para mal también. Creo que lo del federalismo es un callejón sin salida como ya lo fue en 1873, pues una vez que se ha descentralizado el Estado -y no siempre bien- digaseme como se ha de descentralizar de nuevo sin empeorar la actual situación. Porque si por mí fuese mejorar la situcación impliaría un gran pacto por el que sanidad y educación volviesen a la Administración central, como así mismo no se ha cuarteado la Caja única de la Seguridad Social, como no se ha cuarteado la política fiscal, ni la de defensa, ni la diplomacia, que son estatales. 

Como proponer una reforma de la Constitución exige un consenso amplio -el propio Rubalcaba así lo señala- comprendo que no haga alusión alguna a la desaparición de las Diputaciones Provinciales y el Senado, verdaderas rémoras administrativas y políticas para nuestro país. ¿Que es eso de una cámara de representación territorial en boca de socialistas? ¿No es la representación en función de los intereses de clase que se defienden? Para defender unos y otros aspectos que tienen que ver con las particularidades de cada comunidad están los Parlamentos autonómicos.

Creo que el artículo 16.3 debiera ser reformado en un sentido laicizante, pero tropezaríamos con la derecha frailuna cuya existencia se remonta al siglo XVII. Difícil. Más importante me parece la reforma del artículo 56.3, en el sentido de que si "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", este texto sea aclarado, y por lo tanto interpretado, en el sentido que en su función pública, no por sus actos privados. Podríamos encontrarnos ante un rey que delinque y no se le puede imputar porque su persona es inviolable. Pero esto no está en ningún espíritu democrático, esto es feudal y antiigualitario. 

No me hago ilusiones: una Constitución es un marco general de convivencia. Se interpreta en clave progresista si gobiernan unos y si la judicatura está formada por jueces justos; se interpreta en un sentido retrógrado y sectario si gobiernan otros. 

L. de Guereñu Polán.

domingo, 1 de diciembre de 2013

Amortización de un hombre justo

No estoy en las interioridades del Partido Socialista para saber si el señor Rubalcaba va a presentarse o no a las elecciones primarias internas. Tampoco sé si -de no hacerlo- será porque considera que no cuenta con apoyos suficientes o porque ha decidido retirarse a un segundo plano. En todo caso no encuentro ningún candidato de los que se citan en los mentideros que supere su capacidad, experiencia, cualidades parlamentarias y honestidad probada (sin por ello querer decir que otros no reúnan esta última). 

Ha sido un buen ministro de Educación y un buen ministro del Interior, sin que se agoten aquí las responsabilidades políticas que ha tenido con eficacia y sentido de estado. Como parlamentario no es brillante, pero es un buen parlamentario, con dotes dialécticas que no tienen otros y con rapidez de reflejos; transmite muy bien las características de la socialdemocracia actual, tiene la formación que se exige a todo dirigente político de ámbito nacional y ha demostrado una lealtad al Partido Socialista que falta a otros (particularmente a cierto dirigente madrileño). ¿Ha visto alguien al señor Rubalcaba en una refriega o movimiento para desestabilizar a este o a aquel, para dañar al Partido Socialista en general? Creo que cualquiera que se haga esta pregunta se contestará no.

Cuando en el año 2011 fue candidato a la Presidencia del Gobierno sabía que lo era en condiciones de una dificultad extrema, pero ello no le arredró para intentarlo y la derrota no le llevó a echar la culpa a este o al otro, sino a asumirla y empezar un trabajo que se ha caracterizado por la llamada a la participación, por la estabilidad dentro del Partido Socialista y por sofocar las ambiciones de algunos, puestas de manifiesto a los pocos meses de su elección como Secretario General: ¿no cabría tener un poco de respeto para quien acababa de ser elegido? 

Yo no creo que el señor Rubalcaba sea exponente de una misión verdaderamente revolucionaria y novedosa del socialismo español y europeo. Pero es persona justa y honesta, lo que en los tiempos que corren no es poco. Quizá si el señor Rubalcaba fuese el próximo candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Socialista estuviese en condiciones de comprender el hartazgo de la población española de tantas políticas retrógradas, antisociales y dañinas para los más débiles. Por eso no sería un mal candidato, sino excelente, y luego un buen Presidente del Gobierno a poco que las condiciones dentro y fuera del Partido Socialista no le fuesen tan hostiles como le han sido.

Si  se postulasen personalidades como el señor Borrel, el señor Marín, el señor López Aguilar (siento mucho que no se me ocurra ninguna mujer de parecida talla, pero seguramente las hay) entonces un elector socialista como yo podría plantearse que son mejor solución que el señor Rubalcaba, pero los citados están a otra cosa, quizá cansados de una lucha que no ha resultado todo lo fructífera que desearon; quizá entregados a sus profesiones donde están bien considerados. Puede que cualquiera de los que suenan para relevar -en su caso- al señor Rubalcaba, resulten buenos y eficaces dirigentes, pero no se les ha oido nada sobre ideas y sobre la concepción que tienen del socialismo en el siglo XXI. Andan de aquí para alla saltando a la palestra de los periódicos de vez en cuando sin aprovechar que son diputados, senadores, han sido ministros... y esto no les lleva a pensar que podrían estar lanzando a la sociedad ideas sobre lo que consideran urgente, absolutamente necesario y para lo que piden el concurso de la mayoría. 

Al Partido Socialista le ha pasado -durante los últimos veinte años aproximadamente- lo que a muchos otros: ha renunciado a decir lo que piensa en materia de ideas, modelo de sociedad, perversión del capitalismo, necesidad de otro mundo donde la inmigración y la ecología deben ocupar un lugar central; se les ha olvidado que hay cientos, miles a lo largo de la historia, que han estado publicando ideas sobre lo que es el socialismo como conjunto de valores y ahora no se dicen más que unas pocas vaciedades sin contenido que ilusionen a unos pocos. Empiece el Partido Socialista como lo hizo en los años setenta: que es un partido transformador, verdaderamente comprometido con la sociedad civil, contrario a la acumulación de capital en unas pocas manos, que no está de acuerdo con el orden internacional actual, que quiere modificar la ONU, el FMI, el Banco Mundial, que España está en la Unión Europea para otra cosa que la actual; que el Partido Socialista tiene políticas pensadas para los que se quedan sin vivienda, para los que están en paro; que los socialistas están en la calle, no sentados en las poltronas, que vuelven a las asociaciones de vecinos, a los barrios marginales, a intentar formar aquel "bloque de clases" que tan buenos resultados dio para apartar a la derecha durante casi tres lustros del poder.

L. de Guereñu Polán.