El diario La Voz de Galicia de
ayer titula en su primera página que “Uno de cada 9 alcaldes gallegos está
imputado”. Sobre el tema publica amplia información en las páginas interiores.
La cifra supone que nada menos que 35 alcaldes están imputados por uno o más
delitos diversos (cohecho, delitos urbanísticos, malversación de fondos
públicos, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra el medio
ambiente, falsedad documental, vulneración de los derechos de los trabajadores,
injurias, acoso laboral, y otros). A los que relaciona el diario habría que
añadir los dos de Santiago, uno cesado y condenado, otro imputado, cesado, y
sustituido por el actual libre de imputación. También al anterior alcalde de
Ourense dimitido e imputado. En lo que va de legislatura los alcaldes imputados
son pues nada menos que 38, de los que 23 corresponden al Partido Popular, 12
al PSOE, 2 al BNG, y 1 Independiente.
Habría que añadir además a los concejales imputados, y a los ya
condenados. En Santiago de Compostela
por ejemplo mas de la mitad de la corporación, pero también en otros
ayuntamientos importantes. La población total de los municipios con alcaldes o
concejales imputados en Galicia asciende a mas del millón de personas, un 37%
de la poblacion gallega. La situación es todavía mucho mas grave en otras
comunidades autónomas. Las encuestas recientes del CIS sitúan a la corrupción
como la segunda de las principales preocupaciones de los ciudadanos después del
paro. El descrédito de la clase política por esta y otras razones es también
una evidencia.
Se avecinan las elecciones
municipales y la pregunta es obvia ¿Incluirán los partidos políticos a sus
alcaldes y concejales imputados en las listas electorales? Es de esperar que
no, pero no lo sabemos. Con imputaciones de distinta gravedad entre unos y
otros, todos proclaman su inocencia, y los partidos a los que pertenecen parecen
creer en ella, aunque por ahora la cosa no está clara. La ejecutiva de los
socialistas gallegos adelantó en su día (antes de ser elegido Pedro Sánchez) el
criterio de “que la militancia de cada agrupación decida en cada caso”, lo que
en la práctica viene a significar que en principio no habrá distingos entre
candidatos imputados y no imputados, algo ciertamente polémico, arriesgado y
hasta peligroso.
Los precedentes sobre el tema en
nuestro país son penosos. Los ciudadanos han asistido a un espectáculo grotesco
que dura ya demasiado. ¿Cómo no recordar a Jesús Gil y Gil, y a su partido el
GIL? Iba a erradicar el “mamoneo”, la corrupción, la ineficacia, el enchufismo,
los engaños al pueblo. El pueblo de Marbella, y de otros lugares le creyó, y
consiguió mayorías absolutas, que repitió incluso cuando las irregularidades
empezaron a trascender. El resultado: uno de los mayores escándalos de
corrupción jamás conocidos. ¿Como no recordar lo de Banca Catalana y Jordi
Pujol? La actuación de la Justicia, no era contra el fraude de Banca Catalana, decían,
sino “contra Cataluña” y el pueblo se lo creyó, le votó, y se fraguó una estafa
económica y política que duró 30 años. ¿Y lo de Francisco Camps y sus mariachis
en Valencia? Aún hoy siguen apareciendo estafas, fraudes y malversaciones
nuevas, que se suman al descomunal saqueo del dinero público llevado a cabo a
través de las Cajas de Ahorro Valencianas y de la TV regional. Incluso del
Valencia Club de Futbol, y otros clubs. Añadámosle lo de Madrid semejante a lo
de Valencia, la Gurtel, Correa, Bárcenas y los demás tesoreros del Partido Popular
y la financiación irregular de este partido durante décadas. El “ladrillo” y la
especulación masiva derivada de su política. El Pocero, los escándalos de las preferentes,
el de Afinsa, Sumémosle lo de los “eres” de Andalucía, lo que ocurrió con
Mariano Rubio siendo nada menos que Gobernador del Banco de España. Y un
inmenso etc. etc. Fue esta corrupción masiva la que arruinó el país, provocando
su endeudamiento y la pobreza de millones de ciudadanos.
El pueblo lo sabe de sobra. Sabe
que siendo importantes los programas, las ideologías, y los modelos políticos
en una sociedad que presume de ser democrática, estamos ante algo previo y
elemental: LA CORRUPCION, LA MENTIRA Y EL FRAUDE GENERALIZADO. Tanto es así que
si esto no se soluciona no hay remedio para nada, porque todo el entramado
institucional se convierte en una farsa, en puro teatro.
En el panorama político español
se están renovando caras, en todos los ámbitos. Algo que va seguir y bien está
que así sea. Pero hay que renovar mucho más que las caras. Frases contundentes
y rimbombantes como “contra la corrupción tolerancia cero”, “no me temblará el
pulso contra los corruptos”, “seremos implacables con los casos de corrupción”,
etc., suenan bien al oído en estos tiempos, pero pueden quedarse de nuevo en
falacias si, por ejemplo, los partidos políticos incluyen a sus imputados en
las listas electorales.
Al político y a su partido, mas
aún si se proclama socialista, se le exige lo mismo que a la mujer del Cesar:
Además de ser honrado tiene que parecerlo, y cuando se está imputado, esto no
es así sino todo lo contrario. El imputado lo es porque un juez ha encontrado
evidencias, indicios y pruebas para hacerlo. Que la justicia es lo que es y
está como está, es cierto si ¿Pero no se nos esta pidiendo a los ciudadanos que
seamos respetuosos con las decisiones judiciales?
Es cierto que tenemos situaciones
de imputados que luego ganaron los juicios y fueron absueltos de todos su
cargos o su caso fue sobreseído, pero vieron arruinada su carrera política o
muy dañada su trayectoria profesional. También es cierto que la judicialización
de la política está al orden del día, siendo tal vez causa y efecto a la vez de
lo que está pasando. Judicialización por arriba, pero también por abajo. Con
grandes batallas políticas que se pretenden resolver en el Tribunal
Constitucional, o con campañas contra los rivales políticos premeditadas y
diseñadas para llevar a cabo en los ámbitos judiciales provinciales de la mano
de los medios de comunicación, y quien sabe si en alguna ocasión incluso con la
complicidad de algún juez. Que el sistema judicial español necesita una reforma
en profundidad (por cierto no la del ex ministro Gallardón) también es verdad,
pero de ahí a pretender ser un intocable hay mucha diferencia.
Los políticos honrados, que a mi
modo de ver son la mayoría, corren riesgos, y eso no lo pueden ignorar a la
hora de dedicarse a ese oficio. La política ha sido siempre una tarea
arriesgada. A veces incluso, cuanto mayor es el riesgo, mayor y mejor es la
calidad del político. Es cuando no hay riesgo cuando el panorama se llena de
mediocres, de ineptos y corruptibles. Cuando el político se arriesga, o incluso
se juega la vida o la cárcel por defender sus ideas o sus reivindicaciones,
adquiere una credibilidad y una fuerza que solo sus rivales son capaces de
negar. Por lo tanto un riesgo que es preciso asumir por cualquier político en
el actualidad es el de ser imputado judicialmente incluso con malas artes, y si
es así, a mi modo de ver debe de dar un paso atrás y dimitir, permitiendo que
la Justicia cumpla con su función y el se pueda defender y actuar como mejor
convenga a sus intereses sin utilizar ni cargos ni instituciones como escudo.
Resuelto el caso, si se han derivado daños, justo es que se compensen de manera
satisfactoria y generosa, pero no al revés.
No veo otro camino para dignificar la tarea
política en los tiempos actuales, y sobre todo para combatir la corrupción. Por
desgracia el camino que se intenta es el de negarlo todo, incluso atribuyendo
mala fe a los jueces, si hay sentencia desfavorable recurrirla eternizando así
muchos casos, y cuando esta posibilidad se agota solicitar el indulto.
El problema es ante todo
político. Su solución no depende de decisiones personales, que las hay, y
algunas de ellas encomiables. Esta en manos de los propios partidos políticos y
de ahí las dificultades para resolverlo y erradicarlo. Con frecuencia el
imputado dispone de información comprometedora para el partido o sus dirigentes
y amenaza con utilizarla, o los propios dirigentes necesitan el apoyo del
imputado y sus amigos para que la oposición interna no les arrebate el cargo, o
el secretario general de turno ha llegado a serlo gracias al apoyo del
imputado, en otros casos de las
actuaciones irregulares del imputado se ha beneficiado también el propio
partido o afiliados al mismo hasta extremos comprometedores, etc.
Hay otras causas también
importantes. Hasta ahora, la corrupción política no ha recibido en las urnas el
castigo que merece, sino que incluso, hábilmente manejada por campañas de
imagen, se ha reforzado. En ocasiones, los medios de comunicación públicos
dependientes del propio poder político han ocultado o manipulado la
información, y en otras han sido las generosas subvenciones públicas las que lo
han hecho con los medios privados. La presión sobre los propios jueces cuyas
cúpulas dirigentes deben sus cargos al propio poder político, ha permitido
eternizar los procesos recurriendo a múltiples triquiñuelas, llegando a
invalidar pruebas decisivas, o llegando en otros casos a la prescripción del
delito. Por saturación y por la dimensión y gravedad que ha adquirido el
problema es de esperar que las cosas empiecen a cambiar. Y cambiarán de raíz
cuando los ciudadanos castiguen sin clemencia en las urnas a los corruptos.
Los ciudadanos pues tienen la
palabra, y los partidos políticos la responsabilidad. Un paso importante
en la buena dirección será la decisión
de no incluir imputados en las listas electorales, y que de hacerlo, los
ciudadanos lo castiguen como se merece.
Xesús Mosquera Sueiro. / 25 de
Septiembre de 2014