Son ya muchos los trabajos que se han realizado sobre la depuración del
magisterio durante la guerra civil española de 1936 y posteriormente.
Dicha depuración no correspondió solo a los militares sublevados, sino
también a las autoridades republicanas, pero en ello hay una diferencia
fundamental y es la legitimidad: la República tenía derecho a depurar al
magisterio que colaboró con los militares levantados contra la
legalidad democrática; la dictadura del general Franco careció en todo
momento de dicha legitimidad. ¿Como mantener en sus puestos a maestros,
profesores de instituto y de universidad que se habían indisciplinado
contra el Estado y estaban colaborando con los que se levantaron en
armas?
En Galicia, en Cantabria, en Guadalajara y en el resto de Castilla-La
Mancha, en Burgos y el resto de Castilla y León, en Valencia, en Huelva y
Cádiz así como en otros territorios de España, los investigadores han
encontrado y sistematizado los hechos, la legislación, las injusticias
cometidas contra el magisterio español. En las zonas donde el gobierno
republicano mantuvo su control durante los primeros años de la guerra
también se cometieron brutalidades e injusticias, sobre todo por parte
de los sindicatos y de otras organizaciones como comités, pero quizá
quepa algún tipo de responsabilida al Gobierno al no haber sabido cortar
esto a tiempo.
Han sido miles los maestros, profesores y, en general, funcionarios que
fueron objeto de depuración por parte de las autoridades, muchos más
durante la época franquista, pues la perduración en el tiempo hizo que
los agravios e injusticias se prolongasen hasta bien entrados los años
cincuenta del pasado siglo. De todas formas también las autoridades
republicanas violaron principios democráticos fundamentales cuando
exigieron confesar a los maestros y profesores a que partidos políticos
pertenecían, a que sindicatos, a quienes habían votado, si habían
ejercido cargos públicos y en nombre de quien...
El fenómeno es de tal gravedad que en no pocas ocasiones se juzgó a unos
y otros maestros varias veces por la misma causa, de forma que existen
casos en los que el encausado había quedado absuelto en la primera
ocasión y condenado en la segunda. Consejos de guerra sumarísimos, sin
garantías procesales, de acuerdo con una legislación aberrante porque
incurría en el vicio de la retroactividad. Este es el caso de la Ley de
Responsabilidades Políticas, dictada en febrero de 1939 para casos que
habían tenido lugar con anterioridad (por supuesto también a partir de
dicha fecha).
Algunos maestros fueron "paseados" y en esto no hubo distinción entre la
España republicana y la sublevada (aunque en la primera nunca por orden
de las autoridades). Se trasladó a muchos maestros, a otros se les
destituyó, a otros se les privó de empleo y sueldo por varios años, a
otros se les ultrajó; otros sufrieron penas de diverso tipo sin que
quedara probada su "culpabilidad". Muchos apelaban y veían repuesto su
derecho pero la mayoría no; incluso se dio en caso -en la zona
republicana- en la que el Presidente de la Comisión Depuradora llegó a
criticar las depuraciones hechas arbitrariamente con las siguientes
palabras:
... de los maestros destituidos hay bastantes que han sido después
movilizados y cumplen lealmente su deber militar... Otras son maestras
ajenas a toda actuación política ... tachadas de un derechismo cierto y
evidente, pero meramente devoto y superficial, impuesto por la corriente
más generalizada. La verdad es que, salvo algunas muy raras
excepciones, el Magisterio, cuerpo por todos reconocido como el más
predispuesto a poder conseguir encuadrarle en un neto republicanismo... No
se conoce documento alguno como este que haya salido de una autoridad
sublevada. Muy al contrario, la depuración continuó después de la guerra
hasta la náusea.
Así fueron asesinados cientos de maestros, religiosos (en el territorio
dominado por la República) solo a partir de denuncias de particulares,
por el celo excesivo puesto por parte del cura párroco, el comandante de
la guardia civil o por rencillas incubadas hace mucho tiempo entre
vecinos. Para colmo muchos de los casos de depuración del magisterio se
entregaron -por parte de las autoridades sublevadas- a la jurisdicción
militar, mucho más severa, formando parte de los tribunales personal que
no tenía formación jurídica y que ignoraba los más elementales
procedimientos garantistas. Las sentencias, en muchas ocasiones
sumarísimas, es decir, sin capacidad para ser recurridas, llevaron a la
muerte, a la miseria y a la vergüenza públicas a miles de maestros.
A algunos se les aplicó la ley de Vagos y Maleantes, a otros la de
represión de la Masonería y el Comunismo; a otros en fin se les condenó a
inhabilitación perpetua, sobre todo si habían colaborado con sindicatos
obreros como la Unión General de Trabajadores o la Confederación
Nacional del Trabajo. Las maestras -en realidad no hacemos distingos en
este artículo- también fueron víctimas de la arbitrariedad y de la
negación de los derechos más elementales, dándose varias veces la
circunstancia -como en el caso de los varones- que se trataba de
condenas por rebelión cuando lo que habían hecho es permanecer leales al
Gobierno republicano democraticamente establecido. El mundo al revés:
se había rebelado el que no se había sumado a la rebelíón militar.
L. de Guereñu Polán.