Es evidentemente, el momento seminal de la actual sociedad española. Pero es también el parteaguas de la historia moderna. El momento en el que tras muchos intentos frustrados desde las Cortes de Cádiz, se consolida la democracia constitucional con los valores de la Revolución Francesa y se supera en muchos aspectos la división absoluta de las dos Españas.
Esos pocos años, entre la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la izquierda al poder en 1982, que simboliza el fin del tabú, son pródigos en acontecimientos. Se inician en un clima de incertidumbre política, de tensión social y de crisis económica. Finalizan con un marco jurídico y político homologables con nuestro entorno. Entre medias se desmonta el aparato estatal del franquismo, se promulgan dos amnistías, se recupera la autonomía territorial, regresan los exiliados y se consolidan las libertades fundamentales.
La oposición venía defendiendo desde muchos años atrás, la necesidad de superar las divisiones de la Guerra civil, de abandonar cualquier pretensión de exclusión derivada del pasado, abriendo un tiempo nuevo de diálogo. Las dos organizaciones que la aglutinaban, Plataforma y Junta Democrática, coincidían en las demandas esenciales para el nuevo régimen.
En el interior del franquismo las tensiones entre las distintas tendencias también eran conocidas. En un primer momento el grupo más inmovilista, presidido por Arias Navarro controla el gobierno pero fracasa en su mínimo intento de prolongar el andamiaje franquista sin el dictador. Las movilizaciones masivas, 18000 huelgas en el primer trimestre de 1976, marcan el inicio de un proceso creciente de demanda de libertades que llegará a su cenit en 1979 con 6 millones de huelguistas. En el verano de 1976, Juan Carlos con Adolfo Suárez y Fernández Miranda toman la iniciativa mediante una ley de Reforma política que supone la liquidación institucional del franquismo y la convocatoria de elecciones con partidos políticos. El referéndum posterior tiene respaldo masivo.
El proceso se inicia con ciertas condiciones. Se pretendía mantener ilegalizado al Partido Comunista y que las nuevas Cortes se limitasen a una reforma de las leyes fundamentales del Régimen anterior. Suárez asume las críticas de la oposición y acelera las actuaciones: liquidación de la organización sindical vertical, del Tribunal de Orden Público, del Movimiento como partido único.
La extrema derecha reacciona con los atentados de Atocha que unidos a los del GRAPO elevan la incertidumbre y la tensión social. Suárez legaliza al Partido Comunista lo que permite que las primeras elecciones de 1977 tengan el máximo pluralismo. Ya en la primera sesión todos los grupos de la oposición plantean los mismos objetivos, amnistía política, nueva Constitución, descentralización. Posteriormente el espíritu de consenso existente se trasladaría a los Pactos de la Moncloa para controlar la inflación vertiginosa y acometer distintas reformas económicas.
La transición fue pacífica hasta cierto punto. Se registraron 140 muertos en la transición por represión policial, 68 por terrorismo de extrema derecha y varios centenares a manos de ETA. Quizás fue en el País Vasco donde la transición fracasó pues allí se desarrolló la máxima polarización con presencia constante de la violencia y dificultades para cualquier consenso.
II
Desde el primer día, la producción editorial sobre la República, la Guerra Civil, la represión o el franquismo fue enorme. En forma de libros, revistas, congresos, documentales, películas, exposiciones o cursos, la investigación, el acceso documental, el contraste de ideas ha sido constante hasta hoy, desmintiendo una línea de opinión que habla de amnesia y olvido interesados como parte de un pacto entre élites para superar el franquismo. Basta releer los debates sobre la Lei de Amnistía, para descubrir que se actuó desde la memoria y el conocimiento profundo de lo que había ocurrido y no desde la amnesia.
Sin embargo en los últimos años y al hilo de la crisis económica y política tan profundas que hemos vivido, se ha desarrollado una línea de pensamiento que reclama una Segunda Transición para superar, se dice, los problemas que entonces no pudieron ser abordados. Al margen de formulaciones más o menos coyunturales y de carácter electoral o partidista, parece existir el convencimiento de que el actual marco jurídico-político ha llegado al límite de sus posibilidades. En esa línea de pensamiento se entiende que hay un déficit de calidad en las instituciones, con su correlato de corrupción.
Frente a esa idea cabe subrayar que, sin perjuicio de la capacidad que siempre existe para cambiar los marcos políticos en los que vivimos dentro del orden constitucional, la situación actual en nada se parece a la de 1975. Afortunadamente.
Tanto la Segunda República como la Transición se enfrentaron al mismo problema, el tránsito de una sociedad autoritaria a una democracia moderna. Cabe preguntarse por qué la Transición acierta donde la República falla. Probablemente influyen las condiciones objetivas, de desarrollo económico y social, más favorables, pero además en 1975 se tiene muy presente la historia para evitar errores, adoptando un ritmo contenido que permitiese aflorar acuerdos. A título de curiosidad cabe señalar que la creación del Senado, hoy tan denostado e inexistente en la República, obedece a ese objetivo de lograr serenidad en la tramitación legislativa.
Algunos problemas no se han resuelto o sólo de forma muy parcial. Así la llamada Memoria histórica, presente en muchos países, es un fenómeno reciente y con menos grado de consenso. Aunque se han reconocido numerosas pensiones o ayudas, todavía quedan exclusiones. En otro plano, algo tan simbólico como el Valle de los Caídos aun no ha sido revisado. Finalmente existe un debate jurídico pero también político sobre la aplicación de la doctrina internacional relativa a enjuiciamiento de crímenes, comisiones de la verdad, identificación de fosas de desaparecidos, etc
Jose Luis Mendez Romeu
